Fernando Fuentes Alcántara
Fundación Pablo VI
España ha estado marcada en este año, en continuidad con los gobiernos anteriores, por la renuncia del Gobierno de centro derecha español a revisar la ley del aborto que elaboró el anterior mandatario, el socialista Zapatero, y por una crisis social y económica basada no solo en causas económicas también en otras causas que proceden de la falta de valores éticos y del sentido trascendente de la persona, de la marginación de Dios que, en definitiva, es el garante de su dignidad (cf. Discurso del Presidente de la Conferencia Episcopal al inicio de la CV Asamblea Plenaria, abril de 2015). La crisis social y económica arrastra en el fondo una crisis antropológica, ética y religiosa en la que ha incidido en no pequeña medida el secularismo y el materialismo economicista.
Estábamos en los días de abril, en los preámbulos de un encuentro plenario del episcopado español, que iba a dar como resultado el documento de Doctrina social de la Iglesia más relevante en estos últimos años sobre la realidad social española y su situación moral: la instrucción pastoral “Iglesia, servidora de los pobres”. Expongo a continuación una síntesis de su contenido pues a través de esa síntesis se puede captar cuales son los problemas y las propuestas de evangelización, apoyadas en la doctrina social de la Iglesia, que han estado y estarán presentes en la sociedad española.
La instrucción pastoral tiene cuatro partes: En la primera parte, dedicada a describir la situación social, los obispos se fijan en los nuevos pobres y las nuevas pobrezas, de manera especial la que sufren en primer lugar, las numerosas familias golpeadas por la crisis. En ellas no es difícil encontrar muchos jóvenes sin trabajo (en algunas regiones hasta el 50 %) y con grave riesgo de caer en situaciones desesperadas. La presencia de la pobreza n niños (según atestiguaba un Informe de UNICEF 2014), ancianos olvidados o mujeres afectadas por la penuria económica. Además de las carencias económicas y sociales en las familias, los obispos señalan también la pobreza en el mundo rural y en quienes se dedican al mar, la pobreza originada por la emigración que hoy significa la pobreza de los más pobres. Los inmigrantes sufren más que nadie la crisis que ellos no han provocado y los países que los reciben recortan sus derechos y limitan, también para ellos, los servicios sociales básicos. Los obispos piden en este ámbito a las autoridades actitudes de generosa acogida y cooperación con los países de origen que permitan su desarrollo.
Además de las nuevas pobrezas, la Instrucción Pastoral señala como rasgo de la sociedad actual la corrupción, a la que define como un mal moral y cuyo origen es, según los obispos, la codicia financiera y la avaricia personal. Estas situaciones de corrupción provocan alarma social, alteran el funcionamiento de la economía, impiden la competencia leal y encarecen los servicios. La corrupción es una grave afrenta a nuestra sociedad, es una conducta éticamente reprobable y un grave pecado. La necesaria regeneración personal y social vendrá por un mayor aprecio al bien común, que se origina en las virtudes morales y sociales, se fortalece con la fe y se hace visible en el amor al prójimo.
Tanto las nuevas pobrezas como la corrupción están facilitadas por el empobrecimiento espiritual. El talante personal y el comportamiento moral de las personas están dañados por la indiferencia religiosa, el olvido de Dios o la despreocupación por la cuestión sobre el destino trascendente del ser humano. No se puede olvidar, dicen los obispos, que la personalidad del hombre se enriquece con el reconocimiento de Dios que sostiene nuestra dimensión ética, nos impulsa al amor a todo hombre, haciendo de la caridad fraterna la señal distintiva.
En la segunda parte, la Instrucción pastoral señala cuatro factores que explican la situación social actual. El primero de ellos es la negación de la primacía del ser humano. El segundo es el dominio de lo inmediato y lo técnico en la cultura actual. En ésta, el primer lugar lo ocupa lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido. La técnica parece ser la razón última de todo lo que nos rodea y su desarrollo se presenta como la panacea para resolver todos los males del hombre. El modelo social centrado en la economía es el tercer factor que explica esta situación de crisis: la burbuja inmobiliaria, el excesivo endeudamiento, la falta de regulación y supervisión de los mercados han ocasionado una época de recesión, para la que la única solución presentada es la lógica del crecimiento, como si “más” fuera igual a “mejor”. Por último, en cuarto lugar, encontramos, como consecuencia de la lógica del crecimiento, una cierta idolatría de los mercados, cuando en realidad, la actividad económica, por sí sola, no puede resolver todos los problemas sociales; su recta ordenación al bien común es incumbencia, sobre todo, de la comunidad política, la que cual no debe eludir su responsabilidad en esta materia.
La tercera parte de la Instrucción consiste en una explicación de los principios de la doctrina social de la Iglesia que iluminan la realidad y pueden ayudar a la solución de los graves problemas que le afectan. El primero de ellos es la primacía de la dignidad de la persona: el ser humano es la medida de todas las cosas, no un instrumento al servicio de la producción y del lucro. Los obispos instan a un modelo de desarrollo que ponga en el centro a la persona. Si la economía no está al servicio del hombre, se convierte en un factor de injusticia y exclusión.
El segundo principio es que los bienes tienen una dimensión social y un destino universal. La acumulación de los bienes en pocas manos es una grave injusticia, pues la propiedad privada está orientada al bien común. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos de forma equitativa, según los principios de la justicia y de la caridad.
En la vida social, otro principio ineludible es el de la solidaridad y el equilibrio entre los derechos y los deberes. La solidaridad es el empeño firme y perseverante por el bien común, es decir por el bien de todos y cada uno. La convivencia implica que los derechos de unos generan deberes en otros y que la satisfacción de unos depende de la diligencia de los otros. Los derechos económico-sociales no pueden realizarse si todos y cada uno de nosotros no colaboramos y aceptamos las cargas que nos corresponden; de igual modo que el derecho a los bienes materiales conlleva el deber del trabajo diligente del hombre. El bien común es el bien de ese “todos nosotros”, formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en una comunidad o sociedad. Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad.
El principio de subsidiariedad señala las funciones y responsabilidades que corresponden a las personas individuales en el desarrollo de la sociedad a través de comunidades y asociaciones de orden familiar, educativo, cultural, etc. Al mismo tiempo, regula las funciones que corresponden al Estado y a los cuerpos sociales intermedios, para impedir la tendencia totalitaria de los estados. El principio de subsidiariedad permite un justo equilibrio entre la esfera pública y la privada; reclama del Estado el aprecio y apoyo a las organizaciones intermedias y el fomento de su participación en la vida social. Por último, entre los principios de la Doctrina Social, señala la instrucción, el derecho a un trabajo digno y estable que permite la integración y la cohesión social, por lo que cualquier política económica debe estar al servicio del trabajo digno.
La cuarta parte de “La Iglesia, servidora de los pobres”, ofrece propuestas esperanzadoras desde la fe para vivir el compromiso caritativo, social y político. Entre ellas, se citan las siguientes:
- Promover una actitud de renovación y conversión, que nos identifique con Cristo y que salga al encuentro de los pobres, siendo instrumentos para su liberación, promoción e integración en la sociedad.
- Cultivar una espiritualidad que impulse al compromiso social. Sólo el encuentro con el Amor de Dios, puede transformar y purificar los corazones de los discípulos, cambiándolos de egoístas y cobardes en generosos y valientes; de estrechos y calculadores, en abiertos y desprendidos.
- Apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización, porque el anuncio del Evangelio, fermento de libertad y de fraternidad, ha ido acompañado siempre de la promoción humana y social de aquellos a los que se anuncia.
- Como consecuencia de lo anterior, profundizar en la dimensión evangelizadora de la caridad y de la acción social, desde el testimonio personal y sin olvidar el anuncio explícito de Jesús. Tenemos, además, el reto de ejercer una caridad más profética. No podemos callar cuando no se reconocen ni respetan los derechos de las personas, cuando se permite que los seres humanos no vivan con la dignidad que merecen.
- Promover el desarrollo integral de la persona y afrontar las raíces de las pobrezas. Además de atender a las necesidades más urgentes, el acompañamiento de las personas es la base de la acción caritativa: No se trata sólo de asistir y dar desde fuera, sino de participar en sus problemas y tratar de solucionarlos desde dentro.
- Defender la vida y la familia como bienes sociales fundamentales.
- Afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión. La reducción de las desigualdades debe ser uno de los objetivos prioritarios de una sociedad que quiera poner a las personas, y también a los pueblos, por delante de otros intereses.
- Fortalecer la animación comunitaria. Es necesario que la comunidad cristiana sea el verdadero sujeto eclesial de la caridad.
La cuestión migratoria, la trata y el problema del trabajo
Además de este documento, destacado por su importancia, se han dado otras aportaciones a la doctrina social de la Iglesia, especialmente en problemas que tienen fuerte incidencia en la sociedad española:
Un problema trasversal, durante todo el año, podemos situarlo en la cuestión migratoria, que afecta al cruce de fronteras desde África a Europa y cuyas devoluciones a sus países de origen está despertando la protesta y la acción de instituciones eclesiales, además de la sociedad civil, comprometidas en la defensa de los derechos humanos. Tal planteamiento actualiza la problemática que está presente en la Unión Europea sobre todo en los países receptores de la inmigración (caso fundamental el de Italia pero también España por el lado de Africa) y que tienen mayores dificultades para asumir los miles de refugiados e inmigrantes que huyen de las guerras y de los países en conflicto. En este “activismo” eclesial han destacado instituciones como Cáritas, Justicia y Paz, Ayuda al refugiado, Congregaciones religiosas…
Un segundo ámbito de atención es la situación de trata de seres humanos y el negocio del comercio con personas. Este drama ha sido denunciado también por Cáritas, la Comisión Episcopal de Migraciones, la Conferencia de Religiosos, Justicia y Paz pues es una de esas "periferias" pastorales a las que se refiere el papa Francisco en las que la Iglesia católica está presente desde hace mucho tiempo denunciando, sensibilizando y, sobre todo, estando al lado de las personas que son víctimas de esa tráfico y necesitan mayor apoyo.
Y un tercer mensaje a la comunidad cristiana desde la Doctrina social de la Iglesia hace relación a la necesidad de lograr un trabajo decente. Esta temática muy propia de la doctrina social de la Iglesia encuentra un eco especial en la situación de España, situación muy problemática en cuanto a las consecuencias de la falta de trabajo y a la gran extensión del trabajo en precariedad. Instituciones como CÁRITAS, la Conferencia de religiosos, Justicia y Paz, la organización para el desarrollo Manos Unidas, denuncian el modelo de desarrollo y la cultura del descarte que provoca una desigualdad creciente sobre todo como consecuencia de la falta de trabajo y en no pocas ocasiones por las malas condiciones del nuevo trabajo, consecuencias para sus familias, inhumanas condiciones de trabajo en algunos sectores productivos, falta de reconocimiento efectivo de derechos laborales que son expresión de los derechos humanos, y de la sagrada dignidad de la persona.
Las organizaciones eclesiales, acogiendo la Declaración por un trabajo decente que representantes de organizaciones de inspiración católica y de congregaciones religiosas, junto con las autoridades de la Santa Sede y los líderes de la Organización Internacional del Trabajo hicieron pública en abril 2014, plantean la necesidad de promover políticas de fomento del empleo digno y estable con el objetivo de enfrentarse a los desafíos actuales de creciente desigualdad, reforzando al mismo tiempo la dignidad humana y contribuyendo al bien común.
La oración por los cristianos perseguidos
La situación de los cristianos perseguidos ha sido otro foco de interés para la doctrina social de la Iglesia en España y para la sensibilidad de las comunidades cristianas. A esta situación se dedicó una semana de oración en la última semana de enero. La Conferencia Episcopal denunciaba que “Matar en nombre de Dios es profanarlo y pervertir el sentido de su reconocimiento, que nos pide unir la adoración de su Nombre y el servicio a los demás. Es terrible que a unas personas y familias se las sitúe irremediablemente ante las alternativas siguientes: o creéis y hacéis lo que os mandamos, o salís de vuestra tierra, de vuestra casa y de vuestro pueblo, que ha sido vuestra patria desde tiempo inmemorial, o inmediatamente os asesinamos” (Presidente de la Conferencia Episcopal en el discurso de la Asamblea Plenaria de abril). La Iglesia española impulsó, además de orar por estos hermanos, promover en la opinión pública y en los ciudadanos una mayor sensibilidad y atención ante este sufrimiento frecuentemente olvidado que atenta cruelmente contra la vida y libertad religiosa de numerosas poblaciones, en este caso de cristianos, y vulnera los más elementales principios humanitarios y la histórica convivencia pacífica de siglos.
La cuestión política
La doctrina social de la Iglesia aplicada a la situación de España también tiene un ámbito especial de actualidad ante los nuevos escenarios de la política que se han generado con las elecciones municipales y autonómicas de mayo.
Esta nueva situación viene originada fundamentalmente por la aparición de partidos emergentes cuyo objetivo, respecto al ámbito de lo religioso, es situarlo en la intimidad de las conciencias y de la vida privada, buscando la salida de las instituciones eclesiales de sectores tan relevantes como la educación y la acción social. Todo este planteamiento desde el punto de vista político se ordenaba en un marco institucional jurídico como son los acuerdos Iglesia-Estado del año 1979, que fueron firmados al más alto nivel entre la Santa Sede y el Estado Español.
Estos acuerdos son semejantes a los establecidos por la Santa Sede con muchos países y han probado su eficacia en la vida democrática independientemente del signo y color del gobierno de turno, favoreciendo además la presencia social de la Iglesia en tareas de suplencia, según el más estricto principio de subsidiariedad, como es la presencia de miles de profesores en colegios católicos; y, también, ha supuesto la promoción del principio de solidaridad en una labor social que ninguna institución privada de la sociedad puede de hecho desempeñar. Tal es el caso de la acción social desarrollada por Cáritas en 2014 mediante ayudas en alimentación, vivienda y empleo, además de numerosas ayudas indirectas que no se cuantifican económicamente y que tienen un enorme peso en la acción de Cáritas: acogida, acompañamiento, ayudas en especie, servicios, etc…en procesos personales y familiares.
En la cuestión política hay toda una incógnita sobre cuál será el futuro para una sociedad, como la española, cuya cultura está enriquecida por lo religioso y por una aportación a la vida pública en todos los ámbitos de la sociedad.
