© COMECE - 27 de octubre de 2011 (traducido del texto original en alemán).
Traducción al español de la Comisión E. de Pastoral Social-Caritas Española

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Índice de contenidos

Prefacio

Prólogo

Texto de la declaración

• Introducción
• 1.- Fundamentos culturales de la economía social de mercado
• 2.- Iniciativas comunitarias y voluntarias en materia de bienestar en la economía social de mercado
• 3.- Economía de mercado y competencia
• 4.-  Política social
• 5.- Desarrollo sostenible de la economía social de mercado
• Conclusión 

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Prefacio

En esta declaración, los obispos de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE) se pronuncian sobre el concepto de «una economía social de mercado altamente competitiva», que se ha convertido en uno de los objetivos de la Unión Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. El concepto de economía social de mercado se viene empleando principalmente en los países germanófonos, aunque también ha estado presente en la tradición constitucional de otros países de la UE como Polonia. En la actualidad se ha convertido en un concepto legal con un sólido arraigo en los tratados europeos, aunque aún le falta desarrollarse y materializarse. Es por ello que nosotros, en nuestra calidad de obispos, desearíamos contribuir a este proceso, tal como veníamos haciendo en el pasado respecto a otras cuestiones de la política europea.

Las raíces del concepto de «economía social de mercado» se encuentran en la herencia filosófica y religiosa europea, y más concretamente en la herencia cristiana. Este es el motivo por el que nos parecía oportuno y legítimo abordar esta cuestión desde nuestra perspectiva, a pesar de reconocer abiertamente que no somos expertos en muchas de las cuestiones planteadas.

Por todo ello, solicitamos, en principio en marzo de 2010, a la Comisión Social de la COMECE, presidida por el Cardenal Reinhard Marx, Arzobispo de Múnich y Frisinga, que elaborara un borrador de declaración. Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a nuestra Comisión Social y a su Presidente, además de a sus muchos y excelentes expertos, por su diligente trabajo preliminar y asesoramiento. Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para hacer un agradecimiento especial al Director del Centro de Ciencias Sociales Católicas de la Conferencia Episcopal Alemana y a sus colegas de Mönchengladbach. La Conferencia sobre Ética Social, organizada conjuntamente con la Secretaría de la COMECE en mayo de 2011, supuso un importante paso para la elaboración del proyecto final, el cual discutimos a lo largo de dos sesiones plenarias y adoptamos finalmente el pasado mes de octubre.

Los obispos católicos, en cuyo nombre los obispos de la COMECE realizan el seguimiento del proceso de integración europea, se sienten estrechamente vinculados a la tarea de integración europea. No obstante, en la actualidad se hace necesario comunicar a los ciudadanos europeos la importancia de dicha tarea. Estamos plenamente convencidos de que el concepto de la economía social de mercado puede resultar de gran utilidad a este respecto. Dicho concepto encarna un equilibrio perfecto entre los principios de libertad y solidaridad. Hace referencia al respeto por el valor de todos los seres humanos y a la protección particular de los que están más desprotegidos. En el marco y los límites de nuestra responsabilidad específica, nos gustaría trabajar junto a la Unión Europea para construir una comunidad sincera de solidaridad y responsabilidad, que tenga asimismo en cuenta sus obligaciones a escala mundial.

+ Adrianus van Luyn,
Obispo de Róterdam
Presidente de la COMECE

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Prólogo

La publicación de este texto se produce en un periodo convulso. En el momento de redactar estas líneas, y a pesar de la existencia de algunos indicios esperanzadores tras las últimas cumbres de la Unión Europea y la Eurozona, nadie puede predecir el rumbo que emprenderá la Unión Europea, ni si podrá responder con solidaridad y responsabilidad a los desafíos que se le plantean.

No cabe duda de que, en los últimos años, la Unión Europea se ha visto inmersa en el periodo de los procesos internos más intensos desde su fundación. Incluso en la actualidad, no parece divisarse un final en el horizonte. Tras la grave crisis bancaria y financiera, que en 2008 afectó primero a los Estados Unidos y posteriormente se extendió a otros países y continentes, a principios de 2010 comenzaron a surgir dudas en el seno de la comunidad financiera internacional respecto a la solvencia de algunos Estados de la Eurozona. Los niveles de la deuda nacional se habían disparado hasta cotas insostenibles en relación con los resultados económicos, de manera que dejó de ser posible su reembolso en buena y debida forma fuera de sus propios recursos. Lo que en un principio solo había afectado a determinados Estados de la Eurozona acabó por expandirse posteriormente a casi todos los demás. Por ello, resulta indispensable hoy día adoptar una serie de medidas comunes y decisivas que permitan evitar que se dañen los cimientos del orden de paz europeo establecido, aunque ello conlleve una serie de concesiones y sacrificios por parte de todos nosotros.

El desplome de la Eurozona tendría una serie de efectos considerables en toda la Unión Europea. Un motivo muy importante para la introducción del euro fue evitar que se produjera una espiral devaluatoria de las monedas nacionales dentro del Mercado Común. Por lo tanto, a largo plazo la disolución de la unión monetaria acabaría socavando los logros del Mercado Común que, desde la firma del Tratado de Roma de 1957, ha constituido el corazón del proceso de integración. ¡No podemos dejar que ese corazón deje de latir!

El a menudo despreciado Mercado Común Europeo contribuyó de forma decisiva en el pasado a mantener la paz en las naciones de un continente saqueado por la guerra y a que sus ciudadanos disfrutaran de libertad y prosperidad. Sin embargo, actualmente no podemos dejar que el proceso de integración europea se quede estancado: el Mercado Común Europeo debe seguir desarrollándose. Este es por tanto el objetivo que persigue la presente declaración de los obispos de la COMECE. En nuestra declaración, que constituye nuestra contribución al debate público, proponemos hacer que el Mercado Común evolucione con arreglo al concepto de una economía social de mercado que permita a la Unión Europea convertirse por sí misma en una comunidad viable de solidaridad y responsabilidad.

Desde esta perspectiva y de cara a la crisis europea actual, es importante y primordial reafirmar los fundamentos culturales del concepto de la economía social de mercado. Se trata de algo más que un simple modelo económico. Está basada en los fundamentos filosóficos y jurídicos de la antigüedad grecorromana y cimentada en la teología bíblica. Vincula la libertad del mercado al principio de justicia y al mandamiento de amar al prójimo. Estos fundamentos culturales y antropológicos se recuerdan y resumen en la primera sección de la declaración.

A continuación, se describen cuatro características esenciales de la economía social de mercado europea, haciendo hincapié en la importancia de las iniciativas libres y voluntarias para promover un bienestar que posibilite el proceso de cohesión social. Las iniciativas libres con un objetivo social de la economía social de mercado europea merecen un mayor respaldo y un mejor marco legal con arreglo a su especificidad. En segundo lugar, se reivindica que una economía social de mercado debe ser eficiente desde el punto de vista económico, es decir, competitiva, para poder imponer los impuestos y contribuciones para reducir la deuda y financiar el gasto en curso. No obstante, el mercado europeo precisa no solo de reglas, especialmente en el sector financiero, sino también de la adopción de una serie de medidas basadas en la virtud por parte de todos los participantes del mercado, empezando por el empresario y llegando hasta el consumidor. Se trata de una cuestión de política reguladora («Ordnungspolitik») y de una ética institucional, además de la moral y la virtud.

La tercera característica de la economía social de mercado europea es su política social. Con arreglo a los principios de solidaridad y subsidiariedad, todas las personas con necesidades en la Unión Europea deben recibir protección social y una garantía de justicia participatoria. Nuestros jóvenes tienen derecho a recibir una formación y una educación de calidad. La familia debe valorarse como una fuente de vida desde la que fomentar el aumento de la solidaridad y la responsabilidad, debiendo respaldarse en consecuencia. Además, al menos en el caso de los Estados que forman parte de la unión monetaria y de los que tienen previsto dar este paso, actualmente existe el desafío concreto de ampliar la convergencia de los servicios sociales.

Por último, la economía social de mercado europea debe ser ecológica. La redefinición de nuestra relación con la naturaleza y la instauración de una cultura de «moderación» constituyen, para nosotros los europeos, una condición esencial para poder interactuar con los recursos naturales y luchar contra las consecuencias del cambio climático. La Unión Europea debería mantener su rol de portadora de la integridad de la creación dentro de los comités internacionales. Por una cuestión de principios, no debe limitarse a sí misma, en su calidad de comunidad de solidaridad y responsabilidad, a determinar su política dentro de sus propias fronteras, sino que también debe desempeñar un papel activo a nivel mundial y cumplir las obligaciones y promesas realizadas.

Para elaborar la presente declaración, nos hemos inspirado sobre todo en los documentos de la enseñanza social de la Iglesia. Sobre todo, los textos del Concilio Vaticano II, que se inició hace casi cincuenta años, y las Encíclicas Sociales de los Papas, tienen una importancia fundamental. Asimismo, nos hemos basado en numerosos informes de las conferencias episcopales y las declaraciones anteriores de la COMECE. Por último, el Papa Benedicto XVI, con su encíclica Caritas in veritate, ha dado un nuevo impulso, orientándonos en nuestro análisis del concepto de economía social de mercado para la Unión Europea. Por ello expresamos nuestra gratitud al Santo Padre.

Con la presente declaración, confiamos en promover el debate, lo cual es importante para nosotros. Hemos complementado nuestra descripción de las cuatro características de la economía social de mercado europea con propuestas y preguntas concretas. Nos hemos atrevido a hacerlo en pos de un debate animado. En sí misma, esta declaración es además una expresión de nuestra solidaridad y responsabilidad para con Europa. Puesto que Europa debe ser una «contribución para un mundo mejor» (Jean Monnet).

+ Cardenal Reinhard Marx
Arzobispo de Múnich y Frisinga

Vicepresidente de la COMECE
y Presidente de la Comisión Social de la COMECE

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Introducción

El término «economía social de mercado» accedió, junto con otros objetivos, a los tratados de la UE a través del Tratado de Lisboa. De este modo, el modelo de la economía social de mercado se convirtió en uno de los objetivos principales de la Unión, aunque el cumplimiento integral de este objetivo aún esté por llegar. A través de la presente declaración, la Comisión de las Conferencias Episcopales en los países de la Unión Europea (COMECE) pretende hacerse oír en el debate sobre la forma de lograr el objetivo de la economía social de mercado europea y la forma institucional que esta debería asumir. La crisis actual en la Eurozona, así como la debilidad y el desequilibrio estructural en el seno de la Unión Europea, ponen de manifiesto la necesidad urgente de entablar este debate. Somos perfectamente conscientes de que la Iglesia católica no tiene ninguna solución técnica, ni ningún modelo político o económico que presentar[1]. Sin embargo, y dado que la Iglesia vive realmente entre la gente de a pie, también comparte con ella sus preocupaciones diarias y dificultades[2]. Asimismo, si tenemos en cuenta la cuestión del posible impacto de la futura configuración económica y social de Europa en las vidas de las personas, tanto dentro como fuera de la UE, consideramos que tenemos el deber de hacer comentarios sobre esta importante cuestión en nuestra calidad de obispos europeos. Para hacerlo, también nos remitimos a nuestras declaraciones anteriores[3].

1. Fundamentos culturales de la economía social de mercado

1) El concepto de una economía social de mercado vincula el principio de un mercado libre y el instrumento de una economía competitiva con el principio de solidaridad y los mecanismos diseñados para aumentar la igualdad social. Esta relación es algo más que una simple respuesta de sentido común o un juicio meramente instrumental. Más bien se fundamenta en un juicio de valores derivado de los cimientos morales de nuestra cultura europea. Sus raíces se encuentran en nuestro patrimonio histórico. De forma más exacta, podemos decir que la idea de una economía social de mercado se deriva, en gran medida, de la visión cristiana y occidental de la persona humana y de su relación, tan característica de la cultura europea, con la antigua ética de la justicia y el amor que se remonta a la filosofía griega, la jurisprudencia romana y la Biblia. Las formas de economía social de mercado que encontramos actualmente en Europa serían inconcebibles sin este patrimonio cultural. Por su parte, la Unión Europea deberá tener en cuenta dicho patrimonio cultural al abordar cualquier nueva etapa de la economía social de mercado, lo que constituye uno de los desafíos clave de la actualidad. Este es otro de los motivos por los que creemos que podemos realizar, en nuestra calidad de obispos católicos, valiosas aportaciones a este debate.

2) La visión cristiana y occidental de la persona humana tiene su origen en la filosofía de la antigüedad griega y romana, por un lado, y en la teología bíblica, por otro. En la filosofía griega y el derecho romano, la persona humana aparece representada por primera vez desde un punto de vista histórico-cultural como un individuo responsable de sus actos con sus derechos y deberes claramente definidos. Por otra parte, en el relato bíblico de la creación, se nos explica que Dios creó al hombre a su imagen. Según esto, la persona humana adquiere un nivel totalmente distinto: pasa de ser un mero ejemplar de la especie humana para convertirse en una persona única con una dignidad inalienable. El valor del ser humano presentado en el Antiguo Testamento se vería aún más reforzado con la encarnación de Dios en Jesucristo. Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, se encuentra en el centro de la antropología cristiana: «En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre»[4]. A pesar de esta dignidad específica, desde la perspectiva cristiana la persona humana es una criatura que solo puede cumplir su destino reconociendo que la vida es un don inalienable y que la forma en la que decidimos vivir nuestra vida debe integrarse en el orden de la Creación de una forma global y duradera. Basándose en esta concepción antropológica cristiana, la Iglesia proclama la igual dignidad fundamental de todos los hombres, algo que también debe reconocerse en las instituciones sociales y en el sistema económico[5]. A continuación, proclama a la persona humana como ser social, relacional y llamado a trabajar conjuntamente para contribuir al Bien Común.

3) Ya en la filosofía de la antigüedad la justicia se consideraba como una virtud cardinal. La idea dominante es que a cada persona se le debe conceder aquello que legalmente se le deba. La teología cristiana se apropió esta concepción de la justicia, a la vez que la modificaba de forma decisiva basándose en la igualdad fundamental de todos los hombres y el mandamiento de amar al prójimo. El concepto de justicia social resultante no solo se orienta a las actuaciones y los derechos legales que uno adquiere a raíz de ello, sino que sobre todo se dirige a la igualdad de la dignidad de todos los seres humanos. El mandamiento cristiano de amar al prójimo ha influenciado, a este respecto, nuestra concepción de la justicia en la medida en que cada persona se beneficia no solo de lo que legalmente se le debe, sino que además ejerce el derecho moral de tener una vida digna en la sociedad. Esto se refleja claramente en el Nuevo Testamento en la parábola del Buen Samaritano: todo ser humano tiene derecho a recibir ayuda y, al mismo tiempo, de él se espera que actúe de forma solidaria. La injusticia de Caín respecto a Abel se ve superada por el amor compasivo del Buen Samaritano. Desde este punto de vista, la pobreza material y existencial, y la exclusión de personas de determinados sectores de la vida social constituye una grave violación de la justicia social. No podemos permitir que nadie se quede atrás, independientemente de su edad, nacionalidad o color de piel. Inspirada por esta convicción, la cultura cristiana comenzó desde muy temprano a crear estructuras e instituciones que encarnaran la compasión y la caridad[6]. En materia de historia cultural, aquí es donde podemos encontrar los orígenes del estado del bienestar moderno.

En su proceso de conversión en una economía social de mercado, la Unión Europea puede basarse en las tradiciones que se encuentran presentes en todos los Estados Miembros. Segura de que este fundamento común está presente en todos los estratos de la sociedad y siguiendo el principio de subsidiariedad, la economía social de mercado posibilita la coexistencia de varios tipos de ayudas e instituciones, en tanto que siguen un impulso común fundamental que se deriva de una sola fuente.

2. Iniciartivas comunitarias y voluntarias en materia de bienestar en la economía social de mercado

4)  Tras el final de la II Guerra Mundial, la economía social de mercado se convirtió en un modelo político-social. En algunos estados esto se produjo con una referencia explícita al término. En otros estados, se emplearon distintos términos que al final venían a significar lo mismo: una gran libertad de mercado asociada a los instrumentos de una economía competitiva, además de al principio de solidaridad y a los mecanismos de igualdad social, es decir, una protección social de gran alcance por parte del Estado. Tras la caída del régimen comunista en 1989, los países de Europa Central y del Este también tomaron la economía social de mercado como un modelo, aunque esta no se pudiera materializar en algunos de estos lugares. De este modo, por una parte, en los últimos años se ha evidenciado un aumento en la sensibilización de que el mercado libre no es capaz de aportar ciertos bienes y servicios (públicos) tales como la sanidad, la educación y la vivienda de una forma apropiada e individualizada sin necesidad de que intervenga el Estado[7]. Por otra parte, cada vez son más las evidencias que demuestran que en muchos países la cohesión social se ve amenazada a pesar del elevado nivel de protección social existente, dado que no se ha tenido suficientemente en cuenta la aportación indispensable de las asociaciones voluntarias y las iniciativas privadas. Estas últimas son la expresión de un elevado nivel de solidaridad espontánea y de ayuda voluntaria basadas en la reciprocidad (es decir, no impulsadas por el Estado ni dependientes de este). Una sociedad no puede funcionar únicamente basándose en los derechos legales, sino que necesita espacio de generosidad, sobre todo en lo que respecta a la familia. Un exceso del bienestar del Estado, por el contrario, podría generar dependencia y obstaculizar la asunción de responsabilidad individual, la caridad activa y la solidaridad.

5)  El Estado es una condición previa para una comunidad ordenada, sin la cual no puede lograrse el desarrollo integral humano. Como las iniciativas privadas por sí mismas no eran suficientes, se pusieron en marcha una serie de planes con los que se pretendía institucionalizar la solidaridad mediante el cobro de impuestos y las contribuciones de la seguridad social. La forma de solidaridad organizada por el Estado es fiable, duradera y, por tanto, necesaria.

Sin embargo, no basta con ello, ya que no tiene concretamente carácter voluntario. La asistencia prestada a otras personas como forma voluntaria de caridad y solidaridad, sin carácter obligatorio y sin la expectativa de recibir nada a cambio de forma inmediata o directa, y que suele originarse en la fe religiosa, no debe reprimirse, ya sea mediante formas burocráticas de solidaridad estatal o mediante soluciones de mercado motivadas por consideraciones a corto plazo. De hecho, resulta irremplazable e indispensable en tanto que exige la concienciación moral del individuo y, junto al principio de ley y orden, contribuye de manera significativa a la creación del «capital de confianza» necesario para desarrollar unas relaciones de confianza y la existencia social. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in veritate, abordaba esta relación empleando los términos «don», «reciprocidad», «gratuidad» y «fraternidad»[8]. Por lo tanto, las instituciones que se corresponden con esta forma libre de solidaridad (asociaciones mutuas, cooperativas y organismos municipales) y otras formas de economía social e inversiones éticas, exigen que se les preste una atención especial a la hora de construir una economía social de mercado europea. Por este motivo, acogemos con beneplácito el hecho de que se haya incrementado el reconocimiento de la importancia de estas instituciones en algunas iniciativas recientes con las que se pretende dinamizar el mercado interno europeo. Debería dárseles prioridad siempre que las soluciones aportadas por dichas iniciativas sean equivalentes a las soluciones estatales o de la economía de mercado, de conformidad con el principio de subsidiariedad. En concreto, la experiencia de las instituciones benéficas y de cooperación debería utilizarse en mayor medida al materializar el objetivo de reducir el número de personas en riesgo de pobreza en Europa en 20 millones de personas para 2020, un objetivo acordado de forma vinculante en la Estrategia 2020 de la UE.

3. Economía de mercado y competencia

6) En la actualidad existe la idea ampliamente generalizada de que la competencia del mercado y el principio de solidaridad se excluyen mutuamente. Sin embargo, el Tratado de Lisboa establece una clara conexión entre los objetivos sociales de la Unión Europea y la competencia, en la medida en que determine que la Unión Europea trabaja para conseguir una «economía social de mercado muy competitiva»[9]. No obstante, nosotros consideramos que en este modelo de política europea debería hacerse hincapié en que sea «social», más que en que sea «muy competitiva». La competencia sería el medio y lo «social» sería el fin. Una vez aclarado esto, nos gustaría decir que somos claramente conscientes de que un mercado bien regulado, guiado realmente por la competencia, es un medio efectivo para lograr importantes objetivos en el camino hacia la justicia[10]. La competencia garantiza que los recursos económicos se utilizan eficientemente y que las personas buscan en todo momento nuevas y mejores soluciones a los problemas económicos. No obstante, también es cierto que la competencia no es un fenómeno que se produzca de forma natural, que surja de la nada cuando reina la libertad económica. A las personas encargadas de elaborar los marcos políticos les corresponderá la tarea de garantizar que se impone un sistema de competencia legítimo basado en los resultados. Los monopolios, los cárteles, la manipulación fraudulenta y la distorsión de la competencia a través del abuso del poder económico o la ayuda pública deberán combatirse activamente o evitarse a través de los órganos legislativos y ejecutivos de la Unión Europea. Aunque suene paradójico, el concepto de la libre competencia no se podrá materializar sin haber establecido unas normas claras, aplicables y reforzadas por sanciones.

7) Para que un sistema económico competitivo funcione correctamente, es esencial contar con un sistema monetario y financiero estable[11]. La crisis mundial de los mercados financieros ha puesto dramáticamente de manifiesto la enorme carencia de reglamentación a este respecto[12]. Teniendo en cuenta la importancia sistemática de los sectores financiero y bancario, deberá prestarse una especial atención a la supervisión y regulación en este campo. Asimismo, también es necesario analizar la crisis financiera tratando de comprender la riqueza y el crecimiento que se perseguían exclusivamente con la acumulación de bienes y el nivel de beneficios. Esta concepción amenaza con eclipsar las dimensiones social y ecológica de la calidad de vida, que a menudo no pueden expresarse directamente en términos monetarios, y no tiene en cuenta el impacto de la actividad económica en otras personas, sobre todo en las generaciones venideras. Por lo tanto, si pretendemos limitar la crisis financiera al pasado, será necesario volver a evaluar el sistema de valores. El hecho de orientar la actividad económica hacia un solo objetivo es un error[13].

8) Los sistemas de incentivos que desvinculan el riesgo y la responsabilidad contradicen el espíritu de la economía social de mercado. Por lo tanto, la Unión Europea debería establecer normas que vinculen más estrechamente los salarios de los directores con el éxito a largo plazo de las decisiones de inversión y de crédito, y que definan los límites máximos de dicha remuneración. A una economía de mercado al servicio exclusivo de los intereses del capital no se le puede llamar «social». No obstante, es indiscutible que no habrá una economía social de mercado en Europa sin un comportamiento serio, fiable y responsable de todos los actores del ámbito económico, y de los altos cargos en concreto. Tanto dentro de la UE como en el marco del G20, no solo es necesario adoptar mejores leyes y normas para el mercado financiero mundial, cuando menos pensando en las generaciones venideras, sino que además necesitamos una nueva cultura más ética, cuyo desarrollo no puede encomendarse exclusivamente a la política. El respeto por el principio fundamental de la enseñanza social católica de la destinación de los bienes y de la función social inherente al derecho legítimo y necesario a la propiedad privada no solo deberá considerarse un deber de la política, sino que además deberá ser interiorizado por todos los actores[14].

9) En interés del Bien Común y de conformidad con el modelo de economía social de mercado en el que los principios de libertad y justicia social están interrelacionados, los gobiernos de los Estados Miembros y las instituciones de la Unión Europea deberán aplicar políticas monetarias, financieras y económicas cuyo objetivo sea la estabilidad. Los (en algunos casos) terribles niveles de deuda pública y privada deberán liquidarse en interés de las generaciones venideras. Sin embargo, esto no deberá lograrse a costa de los más pobres y sin tener en cuenta los requisitos de justicia social. El reparto de las cargas, derivado de las medidas destinadas a reducir la deuda contraída en el transcurso de la crisis financiera actual, deberá tener en cuenta las responsabilidades de los gobiernos, además de las de los bancos y otras entidades financieras, y podrá llevar posteriormente al pago de un impuesto extraordinario en el sector. De este modo, la Comisión Europea ha propuesto la creación de unos fondos de resolución bancaria, con medios financieros aportados por los bancos, que deberían permitir hacer frente a las consecuencias de los posibles quiebres bancarios sin necesidad de recurrir al dinero de los contribuyentes. Otra de las propuestas contempla la creación de un impuesto para transacciones financieras que debería ser introducido como paso preliminar por los países de la Eurozona, de no haber otro remedio. En concreto, aquellos países miembros de pleno derecho de la unión económica y monetaria de la UE han asumido un nivel especialmente alto de responsabilidad mutua y global. Con la firma del Tratado de Maastricht, estos países formaron una comunidad basada en la solidaridad, cuya calidad es plenamente visible solo en la actualidad. Al mismo tiempo, parece evidente que esta solidaridad también conlleva una comunidad de responsabilidad. En el futuro de la Unión Europea, la solidaridad y la responsabilidad deben vincularse cada vez más estrechamente. En la medida en que se haga necesario adoptar más medidas para la integración, la comunidad de solidaridad deberá sustentarse en el deseo que la gente tiene de vivir en comunidad. A su vez, solamente tendrá futuro en caso de que, como comunidad responsable, también esté abierta a aquellos Estados Miembros que aún permanecen fuera de ella. En efecto, la disposición de las personas a la hora de adoptar esta comunidad en sus corazones, así como su apertura a todos los Estados Miembros de la UE se presentan como los grandes desafíos de los próximos años por lo que respecta a la integración europea. En nuestra calidad de obispos, nombrados por nuestros hermanos obispos para realizar un seguimiento y control del proceso, nos gustaría destacar el siguiente punto: al igual que el sistema de los estados nación de los siglos XIX y XX fue incapaz de garantizar una paz duradera, la Unión Europea, en la fase actual de integración en la que se encuentra, será igualmente incapaz de afrontar con éxito los desafíos demográficos y de globalización que actualmente afronta Europa. Europa debe comprometerse a adoptar el modelo de la economía social de mercado. El futuro de las gentes y las naciones de Europa es una comunidad de responsabilidad y solidaridad que se encuentra unida por la economía social de mercado.

10)  Aunque el mercado tenga muchos aspectos positivos, también es cierto que no es un fin en sí mismo. Se trata de un instrumento al servicio del desarrollo humano y de la humanidad en su totalidad[15]. Por ello, las personas no deben reducirse nunca al papel de productores y consumidores, sino que deben percibirse y tratarse como las personas humanas que son, las cuales producen y consumen para poder vivir[16]. Por lo tanto, es necesario poner ciertas restricciones al mercado en aquellos casos en los que, de no restringirse, se produciría un impacto perjudicial en la vida y el desarrollo de los seres humanos. En cuanto al suministro de los bienes de primera necesidad y los servicios públicos en particular, las autoridades públicas tienen una obligación formal. El mercado por sí solo no es capaz de aportar soluciones satisfactorias a este respecto. Incluso aunque pueda parecer prudente organizar determinados elementos de los servicios públicos y servicios sanitarios con arreglo a los principios del mercado, el acceso universal y de calidad a estos dominios deberá garantizarse con los medios y medidas apropiados que sean administrados por las autoridades públicas. Una regulación apropiada, dentro del mercado común europeo, de los servicios públicos en general, y de los servicios sociales en particular, sería establecer una característica distintiva de la economía social de mercado. Esperamos que la Unión Europea adopte las medidas oportunas a este respecto en colaboración con los Estados Miembros.

11)  En la actualidad, tenemos la misión de protegernos de la intrusión y la dominación del mercado, y de toda su lógica interna, en todos los ámbitos de la vida. Existen una serie de necesidades compartidas y cualitativas que no pueden ser satisfechas por el mercado, especialmente en lo que respecta a la familia. Como consecuencia, el gobierno tiene la tarea de garantizar unos tiempos y unos espacios de vida al margen del mercado en los que la gente pueda buscar formas de responder a dichas necesidades[17]. Es correcto, por tanto, que se restrinja la actividad del mercado durante los días festivos oficiales y los domingos, dado que es estos días, ya sea por un festivo nacional, cultural o religioso, la paz, la tranquilidad y la reflexión están por encima de cualquier actividad económica. Por este mismo motivo, la actividad económica se limita o suspende por completo en determinados espacios y medios públicos como, por ejemplo, la prohibición de hacer publicidad durante la retransmisión de las misas. Estas cuestiones no deben perderse de vista en el marco europeo y en la finalización del mercado común.

12) No obstante, no sólo compete al Estado imponer las restricciones al mercado. La decisión de optar por una economía de mercado es al mismo tiempo una decisión en la que se opta por la libertad de las personas. Este es el motivo por el que necesitamos que las personas individuales asuman su responsabilidad libremente y basándose en el principio de solidaridad[18]. En muchas ocasiones, el mercado suele garantizar que los recursos materiales se orientan a realizar la máxima aportación para satisfacer las necesidades de los consumidores. Sin embargo, en sociedades de la abundancia como las europeas, aunque pueda parecer que las necesidades básicas están cubiertas para casi todos los ciudadanos, los deseos de los consumidores se orientan principalmente hacia los bienes no básicos y de lujo. El mercado hace la vista gorda ante la diferente calidad moral de los bienes anteriormente mencionados, la cual puede variar en cuanto a su naturaleza o la forma de fabricar o suministrar estos productos. En este tipo de sociedades, los fabricantes, que a menudo buscan generar necesidades específicas en primer lugar, comparten gran parte de responsabilidad con los consumidores. Los consumidores son los que, en gran medida a consecuencia de sus hábitos de consumo, dictan finalmente la dirección de la actividad económica tanto en Europa como en el mundo. Cada decisión económica tomada tiene también una consecuencia moral[19]. Por lo tanto, para poder educar a los ciudadanos para que opten por un consumo responsable es necesario hacer un esfuerzo cultural decisivo[20]. La Iglesia también pretende hacer sus aportaciones a este respecto.

 

4. Política social

13) Actualmente la Unión Europea tiene solamente una competencia limitada en materia de política social, dado que la responsabilidad principal en este ámbito compete a los Estados Miembros. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que dentro de la comunidad de solidaridad y responsabilidad de la unión económica y monetaria, las cuestiones de la política social, fiscal y presupuestaria van ganando en importancia, así como que resulta necesario y deseable volver a asignar las responsabilidades entre la Unión Europea y los Estados Miembros. Esta es la razón principal por la que nos gustaría hacer algunas reflexiones generales respecto a este asunto que son de especial importancia para los más pobres y vulnerables de nuestra sociedad. Desde sus inicios, la Unión Europea se ha considerado a sí misma no solo como una zona de libre comercio, sino más bien como una comunidad política y de valores. Uno de los principales valores de la cultura europea es el de la justicia social.

14) El mercado solamente puede responder a las exigencias materiales que pueden ser objeto de resultados y compensación, lo que conlleva que no tiene en cuenta las necesidades de aquellos que, por motivos de edad, enfermedad o desempleo, no se pueden permitir participar (plenamente) en las actividades del mercado. Por lo tanto, es importante que en la economía social de mercado europea se pongan en marcha las prestaciones sociales para cubrir este vacío con el fin de garantizar un estándar de vida digno a todos los ciudadanos. Esto debería dejar de ser una preocupación exclusiva de cada Estado Miembros para convertirse en una preocupación de la Unión Europea.

15) En los últimos años muchos países europeos han introducido una serie de reformas en el ámbito de la política social, algunas de las cuales han sido recibidas con una enorme preocupación por parte de los ciudadanos. Los motivos aducidos para justificar estas reformas fueron la evolución demográfica y los desafíos de la globalización, factores que llevaron a los países a competir entre sí. Estos ajustes, inevitables en determinados casos, deben no obstante ajustarse al principio de justicia social y no afectar a la estructura de las prestaciones sociales[21]. En interés de los beneficiarios de las prestaciones sociales y el bien común, la política social de la Unión Europea debe seguir ajustándose a los principios de subsidiariedad y solidaridad. A medida que se amplían las diferencias de igualdad en la sociedad, se hace necesario establecer una redistribución para lograr un mayor equilibrio entre pobres y ricos, enfermos y sanos, jóvenes y ancianos.

16) Si nos centramos concretamente en el desempleo masivo, la política social de la UE y de sus estados no debería reducirse simplemente a ofrecer a los afectados ayuda económica para salir adelante. El paro va mucho más allá de la ausencia de ingresos: también trae consigo una amplia sensación de exclusión del mundo que te rodea. Por ello, las prestaciones sociales deberían perseguir el objetivo de permitir a las personas participar activamente de la vida social, especialmente por medio de la reintegración en el empleo activo. Por su parte, las personas que perciban algún tipo de ayuda deben esforzarse al máximo por realizar contribuciones a la sociedad. La política de empleo de la Unión Europea debería regirse por este principio. Por otra parte, deberían intensificarse los esfuerzos a nivel europeo para ampliar la movilidad de los trabajadores en la economía social de mercado europea. En materia de transferibilidad del derecho a pensión complementaria (jubilaciones profesionales), los socios sociales europeos tendrán la responsabilidad, en el marco del diálogo social europeo, de elaborar una propuesta de directiva europea. A tal respecto, acogemos positivamente la responsabilidad de los socios sociales en el marco de las regulaciones de la UE en cuanto a política social. En esta época de crisis y de ajustes en ocasiones complicados, invitamos a las instituciones europeas a crear unas condiciones que posibiliten el diálogo social entre los socios europeos para que puedan cumplir con el papel que se les ha asignado en los tratados europeos.

17) Asimismo, en muchos países europeos el número de personas activas podría incrementarse probablemente si se redujeran las contribuciones y los impuestos que se aplican al trabajo. El nivel europeo debería ofrecer un impulso significativo a este respecto, incluso a pesar de tener una competencia muy limitada en cuanto a la aplicación directa de impuestos y de no contar para nada, hasta la fecha, con poderes en cuanto a la financiación del sistema de la seguridad social. Además, con la firma del «Pacto por el Euro», que casi todos los Estados Miembros de la UE han formalizado, se ha creado recientemente un instrumento que, de forma voluntaria, crea expectativas de convergencia de las políticas fiscales y sociales en pos de una mayor justicia.

18) Existe una relación muy estrecha entre la política social, familiar y educativa. Las causas y consecuencias de las decisiones en estos ámbitos de la política se influyen entre sí y son mutuamente dependientes. En el pasado, la adopción de una política social demasiado centrada en la ayuda financiera solía ocultar el hecho de que la promoción de las familias y la inversión en educación constituyen la mejor manera de prevenir la pobreza y la exclusión social. Por ello, acogemos positivamente el hecho de que los países europeos estén prestando cada vez una mayor atención a las políticas familiares y educativas. Las familias en particular, además de su labor en la crianza y el cuidado de los hijos, también prestan un gran servicio al bien común. Puesto que este servicio no se considera perteneciente al mercado, el Estado tendrá el deber de encontrar el justo equilibrio entre los padres y las personas sin hijos en cuanto a las leyes fiscales y las políticas sociales adecuadas. La política educativa, a nivel de la responsabilidad de los Estados Miembros, debe valorarse respecto al objetivo de reducir la tasa de abandono escolar en la UE por debajo del 10% para 2020. Además, las familias, escuelas, universidades y las instituciones de formación profesional y formación continua, junto con la Iglesia y las comunidades religiosas, deben trata de despertar la conciencia moral y la virtud personal.

19) En las décadas venideras, Europa dependerá de los trabajadores de otras partes del mundo para garantizar que basta con el nivel de rendimiento económico para cubrir la financiación de las prestaciones de la seguridad social. Los países de origen y los de acogida deberían colaborar para gestionar de manera ordenada los flujos migratorios, con la intención de reducir al mínimo el sufrimiento y las penurias de las nuevas llegadas, además de las inevitables cargas aplicadas a los que los aceptan. En el marco de su responsabilidad, recomendamos a la Unión Europea que resuelva las cuestiones de la ayuda externa, las visitas de estudio y las condiciones laborales en los acuerdos suscritos con terceros países. Esto no debería hacerse exclusivamente con los países de acogida en mente. La migración también afecta a la familia, las estructuras sociales y económicas de los países de origen. Todos deberemos respetar en todo momento el valor de los seres humanos que vengan a Europa procedentes de otros países. Asimismo, deberán respetarse sus derechos fundamentales[22].

20)  En la economía social de mercado la responsabilidad social no se limita estrictamente a la política social, sino que también se aplica, por ejemplo, al ámbito del derecho contractual, donde la desigualdad de información y poder entre las partes del contrato puede provocar inconvenientes e injusticia. Actualmente la Unión Europea se esfuerza por acabar con los obstáculos del mercado interno europeo. En relación con las propuestas de una ley contractual adicional para toda Europa, que podría aplicarse voluntariamente en las leyes nacionales existentes, deberá prestarse especial atención a proteger eficazmente a la parte contractual más débil como, por ejemplo, en el caso de las ventas por Internet.

 

5.Desarrollo sostenible de la economía social de mercado

21)  En la sección 3 del Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, la competitividad y el progreso social de la economía social de mercado europea se mencionan junto a la protección y la mejora de la calidad medioambiental. De este modo, los firmantes europeos del Tratado reconocen que, en la actualidad, además del desarrollo social continuado de la economía social de mercado, también es muy importante su desarrollo ecológico continuado. De hecho, cabe destacar que en los círculos científicos y en los debates públicos se suele emplear con bastante frecuencia el término «economía ecosocial de mercado» en lugar de hablar de «economía social de mercado». Nosotros, en nuestra calidad de obispos de la COMECE, compartimos la intención que subyace a todo esto. En vista del dramático cambio medioambiental que se está produciendo, sobre todo en lo que respecta al cambio climático y a la escasez de combustibles fósiles y otras materias primas, nuestra responsabilidad por la Creación nos obliga a respetar el principio económico y ético de la sostenibilidad. Una economía competitiva y preparada para el futuro se basa en la fuerza de los mercados para innovar y elevar la productividad de los recursos. Lo que hace es configurar todos los procesos económicos determinando las condiciones y los incentivos ecológicos con la intención de conservar las bases naturales de nuestra existencia. De no ser por la integración sistemática de los factores ecológicos, a largo plazo no se podrían conseguir ni la competencia económica ni la justicia social.

22) Los desafíos ecológicos actuales nos exigen, por encima y más allá de la protección de nuestros recursos socioeconómicos, buscar las posibles maneras de redefinir la relación entre los seres humanos y la naturaleza desde un punto de vista ético y antropológico, de manera que transformemos nuestra concepción del término «desarrollo». La protección del medio ambiente debe pasar de ser una limitación a convertirse en un objetivo para el desarrollo de nuestras sociedades a través del reconocimiento de la calidad medioambiental como un componente esencial del modelo de prosperidad. El Papa Benedicto XVI dice en su encíclica Caritas in Veritate que «su uso [el del entono natural] representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad»[23]. Nuestras economías necesitan desarrollarse más con un sentido de desarrollo que esté en sintonía con los ciclos y los ritmos temporales de la naturaleza. Esto exige de nosotros un cambio en la manera en la que gestionamos los alimentos, la energía y el agua. Los acontecimientos actuales ya han demostrado que el derroche de recursos conlleva conflictos violentos. La renovación de la economía social de mercado ofrece un marco que podríamos utilizar para acercarnos más a estos objetivos. De hecho, este marco debería proporcionarnos un medio para medir dicha renovación. No es solo una cuestión de desarrollar una tecnología más eficiente y económica, sino que también se trata de reducir considerablemente nuestro consumo, de moderarlo. Por lo que respecta al desarrollo de los Estados de la Europa Central y del Este, las regulaciones de protección contra la explotación a corto plazo de los recursos naturales y socioculturales desempeñan un papel decisivo en la protección del Bien Común a largo plazo.

23) Como la calidad medioambiental se considera un bien público, cuyos daños nos afectan a todos nosotros y cuya utilidad no se puede individualizar fácilmente, resulta difícil asignar los beneficios de las inversiones para mejorar la calidad medioambiental. Como consecuencia, la sostenibilidad precisa de una garantía institucional específica, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. Solicitamos a las instituciones de la Unión Europea y a los gobiernos nacionales que hagan todo lo posible por implicarse con sus socios internacionales en este asunto. Sin embargo, en este contexto también son necesarias las iniciativas de la sociedad civil. Su importancia en el diálogo internacional y la cooperación al desarrollo tienen cada vez una mayor importancia. En su encíclica Caritas in veritate el Papa Benedicto declaró que estas iniciativas eran esenciales para el objetivo de civilizar la economía mundial[24]. La Iglesia está preparada y con ganas de ofrecer sus conocimientos en el ámbito del diálogo internacional respecto a estas cuestiones: por ejemplo, una reflexión a largo plazo, una concepción universal del Bien Común y la responsabilidad, una concepción de la naturaleza como creación con sus valor intrínseco y, además, aunque no por ello menos importante, una red global trascendental de compromisos específicos.

 

Conclusión 

24) La Unión Europea se ha puesto como objetivo la creación de una economía social de mercado. Lo que pretendemos con la presente declaración es contribuir al debate surgido respecto a los principios en los que debería basarse este objetivo. La economía social de mercado ya ha demostrado su valía en muchos de los Estados Miembros de la UE. En la actualidad, la economía social de mercado debe extenderse por Europa para afrontar el desafío de la competencia global, para poder seguir ofreciendo una protección social efectiva a los más necesitados de nuestra comunidad, así como para ser sostenibles en cumplimiento de los requisitos de protección medioambiental y climática. Para poder materializar la economía social de mercado en la Unión Europea, necesitamos una comunidad de solidaridad y responsabilidad. A través de la solidaridad y la responsabilidad, los europeos conseguiremos superar la grave crisis actual y seguir juntos el camino común emprendido para, finalmente, mostrar la paz y la justicia a todas las personas del mundo.

25) La crisis de los mercados financieros y de la economía ha demostrado claramente que los principales desafíos y peligros económicos relacionados con la integración general de las economías nacionales hoy en día deben resolverse a escala internacional. La Unión Europea, entendida como una comunidad de Estados prósperos muy industrializados, tiene la responsabilidad moral específica de garantizar a largo plazo el desarrollo de «una verdadera autoridad política mundial»[25] con estructuras e instituciones supranacionales. Esta autoridad «deberá estar regulada por el derecho, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiaridad y de solidaridad»[26], algo que a nosotros nos parece fundamental. Además de al ingenio económico, habrá que prestar la debida atención a los principios de justicia y responsabilidad ecológica. Los estados económicamente más desarrollados deben ir más allá de las ganancias económicas inmediatas e individuales, optando en su lugar por adoptar un papel activo en el orden económico mundial que garantice una competencia libre y justa, y que abra la posibilidad del desarrollo a las economías nacionales más débiles. Incluso aunque la ayuda al desarrollo, utilizada con sensatez, para las comunidades pobres sea a tal efecto ventajosa para todos[27], la solidaridad significa mucho más que la búsqueda exclusiva de los intereses de uno. Por lo tanto, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer una vez más un llamamiento urgente a los gobiernos de todos los países de la UE para que cumplan sus promesas y aumenten su ayuda al desarrollo hasta el 0,7% de su PBI para 2015 y hagan un buen uso de esta[28]. Muy a nuestro pesar, la UE no ha conseguido alcanzar su objetivo provisional del 0,56% del PBI para 2010. Para poder cumplir la promesa que hizo públicamente a los países más pobres, especialmente a África, Europa deberá hacer un esfuerzo adicional por un valor estimado de cincuenta mil millones de euros.

26) Desde el principio, el proyecto de integración europea no ha sido meramente económico, sino también político y moral: debe estar al servicio de la justicia y la paz en Europa y el mundo entero. La materialización de una economía social de mercado en Europa como una comunidad de solidaridad y responsabilidad forma parte de este intento por alcanzar la paz mundial y la justicia global. La cultura actual de la culpa debería ser reemplazada por una nueva cultura de corresponsabilidad. Los cristianos estamos llamados a fomentar y desarrollar esta cultura de la corresponsabilidad. En nuestra calidad de obispos de la COMECE, informamos de que respaldamos este proyecto y reconocemos en él una importante contribución a la creación de una cultura que «impulsa la globalización hacia metas de humanización solidaria»[29].

Como Iglesia católica adquirimos un compromiso con cualquier esfuerzo que se haga en este sentido, inspirados por las palabras del Santo Padre Juan Pablo II en la Carta Encíclica Centesimus Annus: «A quienes hoy día buscan una nueva y auténtica teoría y praxis de liberación, la Iglesia ofrece no sólo la doctrina social y, en general, sus enseñanzas sobre la persona redimida por Cristo, sino también su compromiso concreto de ayuda para combatir la marginación y el sufrimiento»[30].

 

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