Colombia ha estado más de media década inmersa en un conflicto armado, sumado a la lucha del narcotráfico que ha secuestrado la agenda pública y condenado a toda protesta social, bajo la sospecha de que ésta apoyaba veladamente a la insurgencia, siempre impopular entre la ciudadanía. Inicio así porque los colombianos mismos ahora nos damos cuenta de nuestra falta de costumbre a la protesta social como medio de exigir nuestros derechos. Hasta ahora, salvo pocas excepciones, los paros no han logrado que el gobierno cambie de dirección en sus políticas públicas, pero lo que sí consiguen es deslegitimar a los grupos sociales, a los que se acaba asociando con la guerrilla o con el vandalismo.

Explicar las causas de la protesta que se inició el pasado 21 de noviembre, se resume en un descontento generalizado por el Gobierno del presidente Iván Duque, ungido por el popular expresidente Álvaro Uribe, gobernante durante 8 años con el combate acérrimo contra las FARC como principal bandera. El gobierno de Duque hereda una larga lista de necesidades insatisfechas en materia de trabajo, educación y salud, en uno de los países más desiguales del mundo. Unas necesidades que este Gobierno no sólo no ha resuelto, sino que ha reforzado con una reforma tributaria regresiva, (los ricos pagarán menos y las cargas se ponen en las clases medias), una reforma en materia laboral y de pensiones que perjudican las condiciones de empleo, un desconocimiento y descrédito de las demandas sociales de los estudiantes, unas políticas ambientales muy flexibles que privilegian los intereses económicos frente a la protección ambiental, una falta de interés por cumplir el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC y una respuesta nula ante la alarmante masacre de líderes sociales (que asciende a 627), más 157 indígenas y 160 exguerrilleros que han sido ejecutados extrajudicialmente. Pero, como reconoce el Gobierno y los propios medios de comunicación, el paro y las protestas sucesivas exceden las demandas por las que fueron convocadas por parte de los organizadores y las centrales obreras y a ellas se han sumado diferentes colectivos, que han protagonizado inédito en Colombia: una noche de cacerolazos como protesta ciudadana.

Desde ese 21 de noviembre las protestas han continuado con diferentes intensidades, mezcladas con otras movilizaciones, como la organizada contra la violencia hacia las mujeres. En estas diferentes manifestaciones, la ciudadanía ha expresado su descontento usando formas creativas e inéditas, como orquestas sinfónicas, etc. Pero, como es habitual en Colombia, estas manifestaciones se han visto ensombrecidas por una fuerte respuesta del Estado que se han cobrado la vida de un estudiante por un disparo de las fuerzas antimotines de la policía.

El gobierno del presidente Duque ha abierto una mesa de diálogo con diferentes sectores de la sociedad, entre los que están algunos de los grupos afines, como empresarios y comerciantes. Pero, hasta ahora, no hay señales que evidencien que habrá un cambio en el rumbo de sus políticas. Además, esta dilación por parte del gobierno y la falta de peticiones concretas, comienza a agotar a la opinión pública en contra de las protestas, que bloquean el transporte público y dificultan su vida diaria en las ciudades. 

Puede que la época del año en la que entramos de un respiro al Gobierno y las manifestaciones se disuelvan. Pero, si no hay cambios, volverá a desencadenarse el descontento en un país donde el desempleo sube al 10,2% y en el que para el 2020 el presupuesto destinado a la seguridad es más alto que para la salud pública, pese a que ya no hay FARC que combatir. Así las cosas, le llegó la hora a la democracia colombiana de asistir las demandas sociales, desvanecidas bajo la prioridad de la guerra contra la guerrilla.

 

Elsa María Herazo
Licenciada en Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales
Red de Liderazgo Iberoamericano para el Desarrollo

• Anterior
• Siguiente