En los últimos días el mundo ha sido testigo de un caos social generalizado en Chile, no visto desde las protestas contra la dictadura de Pinochet.  Bastó que el gobierno subiera en $30 pesos la tarifa del transporte público en Santiago, para que se encendiera la mecha de un malestar generalizado, que se venía acumulando desde más de 30 años. 

Si bien fueron los estudiantes los que empezaron hace un par de semanas a realizar “evasiones masivas” en el metro, a los pocos días más gente se sumó a las protestas en las calles, con caceroladas en los barrios de distintas ciudades. Lamentablemente, esta situación derivó en numerosos actos violentos, como la destrucción de estaciones de metro (79), quema de buses, destrozos en el mobiliario público y saqueos al comercio, que continúan hasta hoy. Una violencia, fruto de un malestar social generalizado, que ha evidenciado la existencia en la sociedad chilena de una herida muy profunda, que no quisimos sanar a tiempo, y que, por ello, ha ido haciéndose más profunda en estos últimos años.

La expresión de este malestar tiene también mucho que ver con la nula confianza de los chilenos en sus instituciones. La clase política (gobierno y oposición) aparece totalmente distanciada de la vida cotidiana de los chilenos y se muestra perpleja e impotente por la actitud de una ciudadanía que no reconoce su liderazgo.  Los casos de corrupción y malas prácticas en diversas entidades, como carabineros (policía), el ejercito, el poder judicial, la fiscalía, partidos políticos, entre otros, han contribuido con fuerza a esa desconexión, dejando al pueblo chileno sin ningún ente válido para canalizar sus demandas.

Una vez estallada la crisis, las acciones del gobierno para enfrentarla han puesto de manifiesto también esta falta de liderazgo. El decreto del estado de emergencia, el toque de queda, la respuesta de los militares en la calle no ha hecho más que aumentar la tensión en el ambiente. Pero donde más ha errado el Gobierno ha sido en su falta de visión, afrontando inicialmente las protestas solamente como una crisis de seguridad pública, sin referencia a las verdaderas reclamaciones de la gente. El cambio de actitud del presidente, el pasado martes, de empezar a reconocer errores y proponer una batería de medidas orientadas a la disminución de la brecha social en Chile, es un primer paso para empezar a abordar la crisis, pero para nada suficiente para salir del caos en que está el país.

Un país sumido en profundas desigualdades

La población chilena sigue esperando anuncios que apunten a un cambio profundo en la estructura del modelo de desarrollo implementando hasta ahora, que es el germen de esta explosión de malestar.  Es evidente que el modelo chileno ha fracasado, porque, a pesar de haberse jactado en las últimas décadas de ser una de las economías más estables de la región latinoamericana, ese crecimiento no ha llegado a todos los chilenos.

Ya a finales de la década de los 90 se alertaba de la poca participación del Estado en áreas como salud, pensiones y educación, frente a la iniciativa privada (en muchos casos mayor que la del propio Estado). Eso, sumado a las escasas iniciativas políticas orientadas a la redistribución de la riqueza en Chile, a un centralismo fuerte que ha dejado de lado a las regiones con bajas perspectivas de desarrollo, a un sistema privado de pensiones que hace que una persona al jubilar reciba menos del tercio de su sueldo, a una descontrolada especulación urbana que ha segmentado las ciudades y a otras muchas otras situaciones, han hecho de Chile uno de los países más desiguales del mundo.

La inequidad social es la herida del pueblo chileno y la que lo ha movido a salir a las calles para exigir un cambio. Esa inequidad ha generado también una gran sensación de vulnerabilidad en muchos ciudadanos, que tienen miedo de volver a caer en la pobreza si se enferman o pierden su trabajo, y una gran competitividad, que hace ver al otro como una amenaza más que como un ciudadano que vive la misma vulnerabilidad que yo. Así es como también se ha dado una profunda fractura del tejido social, un aumento de la delincuencia, una destrucción de los lazos comunitarios y un sentimiento en cada chileno de que tiene que “rascarse con sus propias uñas” en la más absoluta soledad.

Incluso en las mismas movilizaciones se ve esa fractura, al no haber ningún grupo, ni organización, ni ideología, que pueda concitar el apoyo de la gente. La ciudadanía se siente huérfana y, ni siquiera la Iglesia, que perdió estrepitosamente la legitimidad moral en el país por su modo de enfrentar la crisis de los abusos sexuales, cuenta con la confianza de los ciudadanos. Una desconfianza que hace esta situación aún más dolorosa para los chilenos, que sabemos el gran papel que jugó la Iglesia para generar acuerdos y defender a los más débiles en otros momentos de la historia de nuestro país.

Las únicas instituciones que ofrecen algo de sostén para el pueblo chileno parecen ser las organizaciones de la sociedad civil, que, si bien no tienen fácil hacer una convocatoria que agrupe todos los reclamos de la población, son un primer espacio donde el ciudadano canaliza sus anhelos y deseos de un país mejor. Es así como, a través de diversas organizaciones, se está llamando a la generación de “un nuevo pacto social”[1], que permita abordar las necesidades urgentes, pero a su vez gestar un ‘sueño país’ a largo plazo.

Chile necesita hoy un pacto social amplio, que señale una hoja de ruta de cómo queremos seguir construyendo nuestro país, sumido en una profunda crisis. Un pacto social que sostenga a un pueblo chileno herido y que se ha cansado de esperar.

David Bruna Ortiz
Licenciado en Filosofía Universidad Alberto Hurtado (Chile)
Estudiante de MSc Política, Economía and Filosofía
Universität Hamburg
Red de Liderazgo Iberoamericano para el Desarrollo

 

 

 

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[1] http://comunidad-org.cl/2019/10/20/carta-abierta-de-la-sociedad-civil-un-nuevo-pacto-social/

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