Carta íntegra en formato PDF

El pasado mes de junio el Gobierno de España dio el primer paso para la elaboración de una nueva Carta de Derechos Digitales.

La globalización y la economía digital nos plantean muchos retos, y no pocos riesgos, sobre la articulación de nuestros derechos y deberes. Aunque existen mecanismos reguladores, (como el Título X de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales), la crisis de la COVID-19 y el impacto de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, han puesto de manifiesto la importancia y la necesidad de una regulación específica y ampliada de lo digital.

Para la elaboración de esta Carta, que tiene previsto tener lista a final de año, se ha constituido un grupo de 17 expertos que actuará como asesor, entre los que se encuentran juristas, catedráticos de derechos digitales y consultores tecnológicos y de seguridad, representantes de usuarios e internautas, etc.

En paralelo, se ha lanzado una consulta pública para que la ciudadanía, bien de forma particular o a través de instituciones o entidades, aporte su opinión o sus propuestas para la elaboración del documento final, que se sometería también a consulta pública.

La Fundación Pablo VI, a través del Seminario Permanente multidisciplinar “La Huella Digital: ¿servidumbre o servicio?” que durante dos años está reflexionando sobre la gobernanza de la tecnología, ha participado en esa consulta pública, con un documento que adjuntamos íntegramente por su especial interés.

Estas son las sugerencias para la proyectada “Carta”:

1. Concebir el documento como una “Carta de derechos y deberes” –y no sólo de derechos– en la que se contemplen y promuevan comportamientos responsables por parte de todos los actores, desde los proveedores de servicios digitales, pasando por las instituciones y entidades que los usen para sus operaciones, hasta los consumidores finales
   
   
2. En materia de privacidad, promover una “competencia virtuosa” entre todos los actores para huir de unas peticiones de autorización puramente formales –que nadie lee– y desarrollar informaciones y cuestionarios comprensibles.
   
   
3. De cara a las empresas que utilizan datos para su operativa técnica o comercial, requerir obligatoriamente la adopción de códigos de comportamiento (similares por ejemplo a los códigos de buen gobierno que se exige de las empresas cotizadas) en los que se prevean la rendición de cuentas detallada y un control externo independiente sobre programas de gestión basados en algoritmos, sobre todo en la medida en que éstos lleven a decisiones que afecten al consumidor final.
   
   
4. Apoyar un gran esfuerzo educacional orientado a la población en general –incluyendo el sistema educativo formal, pero no limitado a la educación juvenil–, para difundir la capacidad de discernimiento ciudadano en situaciones en las que se ceden datos personales o en las que se reciben orientaciones comerciales.
   
   
5. Promover iniciativas de colaboración público-privada para la explotación de la huella digital en pro de objetivos de interés general como la prevención de riesgos naturales, la limitación de daños ambientales o la prevención de enfermedades contagiosas, de forma que se refuerce la credibilidad de las informaciones obtenidas al respecto.
   
   
6. Promover en todos sus aspectos la formación profesional actualizada para preparar al mayor número posible de personas a nuevas formas de trabajo y de empleo en el mundo digital.
   
   
7. Apoyar con medidas fiscales y de apoyo financiero la adquisición de equipos digitales en los hogares de bajos ingresos.

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