El impacto de la COVID-19 ha demostrado que no estábamos preparados para pandemias de estas características. No solo se han colapsado los sistemas sanitarios, sino que los mecanismos jurídicos o institucionales no han sabido dar respuesta clara ante las drásticas medidas que ha habido y sigue habiendo que tomar durante este tiempo. Y surgen muchas preguntas: ¿se han limitado derechos fundamentales? ¿Cuánto tiempo se pueden prorrogar los estados de alarma? ¿quién toma las decisiones de decretarlos? ¿Quién ampara o responde ante las pérdidas provocadas a las empresas que están saliendo perjudicadas por las medidas tomadas? ¿Estamos preparados para la próxima pandemia? A muchas de estas cuestiones se trata de dar respuesta en “Antes de la próxima pandemia”. Una obra coral, coordinada por Miguel Ángel Recuerda, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, en la que participan hasta 24 juristas de reconocido prestigio. Muchos de ellos estuvieron presentes este martes, 24 de noviembre, en la Fundación Pablo VI durante el acto de presentación del libro, moderado por la periodista María Peral, adjunta al director en El Español.
María Peral
Aunque escrito por juristas, no es un libro solamente para juristas, puesto que nos ayuda a “tener un juicio crítico sobre lo que nos sucede y a estar preparados para cuando sobrevenga otra pandemia”, arrancó la periodista. Porque está claro, afirmó el coordinador del libro, que, a la vista de los hechos, no lo hemos estado. Ha habido “conflictos entre Gobierno y comunidades autónomas, disparidad en los Tribunales de Justicia y lentitud en la toma de decisiones”. Se han vivido unas “restricciones de derechos tan severas que no las olvidaremos fácilmente. Y en países en los que se han aplicado menores limitaciones ha habido menos muertes”. Para Miguel Ángel Recuerda, la falta de “transparencia, objetividad y motivación en las decisiones tomadas por el Gobierno” han provocado “desconfianza” y “pérdida de legitimidad”. Y, ¿qué ocurre cuando se pierde legitimidad? “Que se degenera la democracia”. Por eso, para futuro, el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada pide “actuar de forma rápida y sensata, porque la lentitud y la insensatez multiplican los muertos”.
El caos autonómico
María Dolores de Cospedal, abogada del Estado y exministra de Defensa aborda en el libro el desconcierto que ha generado la gestión de la pandemia en el ámbito sanitario y educativo por la diferencia de criterio en cada Comunidad Autónoma y por “la falta de liderazgo del Gobierno”. Es indiscutible “el papel del Estado cuando hablamos de una pandemia de carácter internacional”. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Que se ha interpretado que el Estado no podía asumir determinadas competencias autonómicas y eso ha generado “no solo mucha incertidumbre, sino también mucho dolor”. “Los ciudadanos se han sentido mejor o peor tratados dependiendo de la comunidad donde vivieran”, y en el ámbito de la educación, han sido “los directores de los colegios los que han tenido que decidir lo que pasaba con los niños”. Por eso, pidió Cospedal, este es un buen momento “para clarificar administrativa, política, jurídica y económicamente la definición de nuestro Estado autonómico”. “El Estado de alarma por delegación es un contrasentido”.
María Dolores de Cospedal
En la misma línea, se manifestó José Antonio Garcia-Trevijano, Letrado del Consejo de Estado: “En un país descentralizado, una situación como esta genera numerosos problemas y uno se plantea si la legislación que tenemos es la adecuada o si es o no mejorable”. Hemos visto hospitales vacíos en unas zonas y llenos en otras, una tarjeta sanitaria diferente, falta de mecanismos para pasar a enfermos de un sitio a otro… Por lo tanto, “ha quedado al descubierto una falta de mecanismos de reconducción a la unidad de nuestro sistema sanitario”.
Alberto Dorrego, Letrado de las Cortes Generales se centra en el libro en la necesidad de reforzar la colaboración público-privada. Se ha visto y “es de gran orgullo colectivo lo bien que han funcionado algunos servicios públicos, especialmente aquellos que se han mostrado en un régimen de colaboración público-privada: transportes, infraestructuras y los grandes servicios esenciales del Estado”. Por eso, y a pesar de los discursos que contraponen lo público frente a lo privado, “hay que reforzar esta colaboración y el papel de la iniciativa privada en el desarrollo de infraestructuras. No es una función solamente estatal llevar a cabo estos procesos".
José Antonio García Trevijano
El profesor Enrique Arnaldo, que no pudo participar en la sesión, quiso dejar su reflexión sobre la respuesta que debería haber dado el Tribunal Constitucional sobre el enclaustramiento domiciliario y lamentó que no hubiera concretado “pronunciamiento alguno del Alto Tribunal sobre el estado de alarma y sus prórrogas”. Sobre la posibilidad de ampliarla se pronunció el profesor y diputado José María Sánchez García: “no creo que sea posible una prórroga por un plazo de 6 meses puesto que hay documentos sobrados que lo prohíben”.
Es más, añadieron Javier Torre de Silva y José Amérigo, Letrados del Consejo de Estado, es necesario que la ley Orgánica que regula los estados de alarma sea “mejorada” de cara al futuro. Porque el mundo ha cambiado mucho desde el año 81 y pueden producirse pandemias de otro tipo que podrían paralizar en otro orden de cosas toda nuestra actividad, como, por ejemplo, los virus informáticos. “La seguridad jurídica ha sido muy difícil de preservar”, lamentó Amérigo. “Ojalá estemos preparados con mayor seguridad jurídica para una futura pandemia”.
Suspensión de derechos fundamentales
El Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Vicente Garrido Mayol, reflexionó, por su parte, sobre la forma en la que se ha aplicado la legislación sanitaria. En su opinión, “nuestro ordenamiento jurídico no estaba preparado para hacer frente a una pandemia de estas características, por lo que. es necesaria una mayor claridad normativa a la hora de restringir derechos fundamentales, como los que han quedado suspendidos en esta pandemia”.
¿Bastaría en el futuro la declaración del estado de alarma para decretar el confinamiento domiciliario? Sí, pero solo en el ámbito estatal, explicó el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Agustín Ruiz Robledo “No está tan claro en el ámbito de las Comunidades Autónomas”, algunas de las cuales lo han pedido en estas últimas semanas. Y ¿qué ocurriría si a la crisis sanitaria se uniera una crisis política? ¿Se podrían disolver las Cortes, convocar elecciones y celebrarlas con normalidad? El Catedrático de Derecho Constitucional Carlos Vidal lo tiene claro: “no estaríamos preparados”. Es más, en este tiempo en que se han celebrado elecciones en el País Vasco y Galicia “hemos obligado al ordenamiento jurídico a un estiramiento tal de sus posibilidades que algunas costuras se han roto y están muy dañadas”. No ha habido cobertura legal y no se han solucionado, por ejemplo, los problemas de las personas que se han tenido que quedar en casa y no han podido ir a votar. Exigiría una “modificación de las leyes autonómicas y de ley electoral general” para futuro.
Carlos Vidal
¿Quién responde ante las pérdidas?
El profesor José Luis Villar analiza en el libro el impacto que han generado estas medidas en las empresas y, sobre todo, quién debería responder ante los perjuicios causados. “Podría ser la administración si pudiera demostrarse la arbitrariedad o irracionalidad de las medidas tomadas. La pandemia en sí no es la fuerza mayor que ha causado el perjuicio, sino las medidas adoptadas”. Por tanto, “esa fuerza mayor es la que legitimaría para pedir responsabilidades a la Administración”.
Por último, intervino el director general de la Fundación Pablo VI y Letrado del Consejo de Estado Jesús Avezuela con una reflexión sobre el binomio libertad-seguridad, que aborda también en el libro. “Cuando miramos a los países de Asia y a China, en concreto, “podemos quedar ensimismados por su capacidad para adoptar unas medidas extraordinarias, basadas principalmente en el control tecnológico”. Pero, advirtió, “no hay que olvidar nuestra herencia cultural y jurídica y los valores europeos que tanto hemos cuidado en estos últimos siglos”. “Este tipo de medidas excepcionales no podemos mantenerlas en el tiempo. “La pandemia, concluye, no puede sustituir a la razón”.
