Decía el filósofo ilustrado francés, Montesquieu, que la separación de poderes es imprescindible para garantizar tanto el equilibrio entre los mismos como los derechos y las libertades de las personas. La división de poderes y, en particular, la neutralidad e independencia judicial son pilares fundamentales en las democracias europeas. Sin embargo, 2022 pasará a la historia por ser un año de especiales interferencias entre la política y la justicia, con un órgano de gobierno de los jueces bloqueado, una reforma del Código Penal sobre la sedición y la malversación sin consenso, y leyes, como la última del solo sí es sí, que han dado lugar a diversos ataques a los jueces y magistrados por la interpretación que han hecho de la misma. La Gran Pregunta, un espacio de reflexión y pensamiento sobre cuestiones de actualidad que la Fundación Pablo VI lleva a cabo en colaboración TRECE, abordó, en el programa que se emitió el día 10 de febrero, el estado de la Justicia en España, así como la tendencia cada vez más extendida a judicializar los asuntos políticos.
Para ello, se contó con dos veteranos juristas, la magistrada emérita y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el exministro de Justicia, José María Michavila, en un coloquio moderado por Jesús Avezuela.
Aunque con alguna discrepancia en la interpretación de estas interferencias, los dos coincidieron en su defensa a la independencia y la rectitud en el trabajo de los jueces. Pero sí mostraron su preocupación: la primera, por lo que considera un mal funcionamiento y una falta de eficacia y eficiencia de sus órganos de gobierno; y, el segundo, por los intentos de algunos políticos de “manipular” a los jueces en beneficio propio.
Esto, apuntó José María Michavila, se produce cuando el político, “en vez de ser un servidor del pueblo provisional y transitorio”, se quiere perpetuar en el poder o vivir de la política el resto de su vida, utilizando la justicia para hacer leyes en las que “se juega con los dramas” de la ciudadanía. En este sentido, puso como ejemplo la Ley del “solo sí en sí”, para cuya defensa y aprobación se ha puesto en entredicho el trabajo de los jueces, su preparación e, incluso, su competencia. Una ley que, en su opinión, ha nacido de la “soberbia” y la “incompetencia”, sin tener en cuenta ni a jueces, ni fiscales y despreciando todo lo anterior con el único objetivo de erigirse como la “salvación” de la gente y “conseguir votos”.
Aun dejando clara su discrepancia con esas posiciones de juicio, Manuela Carmena coincidió con José María Michavila en que esa ley, como otras que se han sacado adelante en otras ocasiones, ha nacido sin un análisis de su impacto. “No me cabe en la cabeza que se reforme una ley sin hacer un análisis sociológico de lo que está pasando”. La percepción de la exalcaldesa de Madrid es que la ley nació con buena intención, pero no se ha medido su impacto futuro ni el contexto del que se parte. “No podemos olvidar, dijo, que con la ley anterior se condenó a muchísimos agresores y la reincidencia general es escasa”. Por eso, considera muy atrevido que se diga que se va a volver al Código Penal de La Manada.
Sin embargo, se mostró en desacuerdo con las críticas de José María Michavila a la ministra de Igualdad. “Todos los partidos en el Gobierno han tenido un interés fundamental en mantenerse en el poder”, ya sean conservadores o progresistas; y en las dos posiciones, reconoció, ha habido esfuerzos por cambiar y mejorar cosas.
Sobre el bloqueo del CGPJ
Otra de las cuestiones que se abordó en el coloquio fue el bloqueo que se ha vivido en el órgano de gobierno de los jueces. Durante 4 años no han renovado sus cargos, por la “incapacidad de quienes los eligen de ponerse de acuerdo”, tal y como han dicho los propios jueces, dejando una sensación en los ciudadanos de que la política se reparte los asientos.
Para la magistrada emérita éste es un claro ejemplo de esa falta de eficacia y eficiencia de las instituciones y de mala aplicación de la ley. Si la ley dice que, una vez que acaban los años de vigencia del consejo saliente, hay que votar, eso es lo que hay que hacer, en opinión de Carmena. “No hay que hacer ningún acuerdo, ni pactos, hay que votar”. Por tanto, añade, “se ha bloqueado el CGPJ por acciones inaceptables”. Para Michavila, por su parte, el problema es otro, y es que la “mitad del Gobierno no cree en la Constitución”.
La conversación entre los dos juristas, ambos ex altos cargos de representación de la política española, giró también en torno al retraso de la justicia y sobre la judicialización de la política, dentro de esa práctica cada vez más extendida de llevar al adversario a los tribunales. Algo que Carmena calificó de “gravedad extrema” porque "que haya una judicialización indebida de la política, acaba llevando a un señalamiento y una desacreditación de la imagen muy difícil de recuperar. En su opinión, “la sociedad tiene que estar preparada para resolver conflictos, y la justicia tiene que ser capaz de optar por la mediación”.
No obstante, apuntó Manuela Carmena para concluir, “es muy importante elogiar el derecho y la cultura de la convivencia” en nuestras democracias, puesto que son los más vulnerables quienes más lo necesitan. Para Michavila, por su parte, el derecho ha de funcionar como “el nervio ético de la democracia”. Si el político ve su vocación como un servicio, desde un poder provisional y limitado, el respeto a la justicia irá de suyo.
