Una de las mayores novedades de este XXX curso de Doctrina Social de la Iglesia ha sido poder reunir en una misma mesa las aportaciones del sector público y el privado para buscar salidas a la crisis de la vivienda. Porque, como indicaba la ex secretaria de Estado, Helena Beúnza, en la sesión inaugural, las soluciones no comprometen a un solo sector, sino que pasan por un trabajo conjunto entre la administración, los actores económicos y políticos y la responsabilidad de otros actores de la sociedad, inquilinos y propietarios.
Y esto es lo que se trató de desarrollar en la mesa “Políticas fiscales, sociales, e iniciativa privada en el ejercicio del derecho a la vivienda”, en la que se contó con la presencia de María de los Llanos Castellanos, subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; Miguel Oñate, vicepresidente de Testa Homes, una de las mayores plataformas de gestión residencial de nuestro país; y Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid.
Tal y como se apuntó en la ponencia de la mañana, la representante del Ministerio de Vivienda puso de manifiesto algunas de las deficiencias del sistema en España, demasiado condicionado por los años de especulación inmobiliaria y por una falta de política clara en la materia. De hecho, tal y como apuntó Castellanos, las leyes hasta ahora habían sido hechas por los Ministerios de Trabajo y Economía y no por el Ministerio de Vivienda. Esta ha sido, según su parecer, una de las principales causas de debilitamiento del sistema, que ahora sufre de falta de reclutamiento y reemplazo, (menos del 9% de la mano de obra que tiene la construcción tiene menos de 30 años), de maquinaria y de financiación, lo que ha supuesto que en los últimos años haya habido un mayor crecimiento de familias que de construcción de hogares.
¿Significa esto que hay una falta de vivienda? Las cifras dicen lo contrario, y así lo adelanta el informe FOESSA. En España hay 3,7 millones de viviendas vacías, muchas de ellas por no estar en condiciones óptimas para ser habitadas y por falta de presupuesto para su rehabilitación. Pero, también, -y así lo puso de manifiesto Miguel Oñate-, por la fata de seguridad jurídica para el propietario, al que se le pide, según denunció, “que se convierta de alguna manera en un héroe del alquiler”, ya que se ve sometido a un cambio de reglas del juego continuo que le hace retraerse a la hora de poner su vivienda en el mercado. Y no estamos hablando de la Sareb o de los grandes tenedores, “sino de ciudadanos con nombres y apellidos, un 95% de los 3,2 millones de españoles que tienen una casa en alquiler para complementar su pensión, para pagar la universidad de sus hijos, para sufragarse la sanidad o para irse de viaje”.
Para Oñate, aunque la opinión publicada está poniendo el foco en la vivienda turística, no es este el gran problema de la explosión de los precios, sino esta inseguridad que acaba perjudicando, de alguna manera, a los más vulnerables. “Una ley de protección específica del Estado los expulsa del mercado porque el propietario tiene miedo de no poder hacer nada ante un impago. Es decir que, con buena fe, se excluye a los desfavorecidos antes de que entren en la vivienda”, explicó.
Miguel Oñate, vicepresidente de Testa Homes: “no se puede pedir al inquilino que sea un héroe del alquiler”
Carolina Roca, por su parte, defendió el papel que ha jugado el sector privado a la hora de promover la vivienda protegida. “Un 95% del parque de esa vivienda protegida en nuestro país ha sido financiada desde la iniciativa privada, que ha suplido la falta de capital público”. El problema, lamentó la presidenta de ASPRIMA, es que, tras la crisis, “el marco jurídico que amparaba al promotor para que tuviera rentabilidad cambió y se pasó a demonizar la vivienda protegida de iniciativa privada sin tener un plan B, lo que ha supuesto una carencia absoluta de creación de nuevos hogares” y la generación de lo que se llama “el efecto cascada”, y es que, en el momento en el que se infra produce vivienda, “se acaba dejando fuera del mercado al que menos posibilidades tiene”.
Carolina Roca: “la infra producción de vivienda genera un efecto cascada que deja fuera a los que menos posibilidades tienen”
Por este motivo, Carolina Roca reclamó cambios jurídicos para crear seguridad, y atraer inversión para crear nueva vivienda. Algo que pasa, como dijo la subsecretaria de Estado de Vivienda, por “un cambio en la ley del suelo que agilice los trámites del planeamiento urbanístico” y por una colaboración entre administraciones, por un lado, y el sector público y privado, por otro. ¿El problema? La distribución competencial entre comunidades autónomas, entidades locales y administración general del Estado; y la falta de flexibilidad en la coordinación entre estas administraciones, que hace que los planes nazcan muertos o desactualizados, como explicó la propia representante de la administración. Pero también, y, sobre todo, por un bloqueo institucional que hace imposible llegar a grandes acuerdos en materias que son de bien común.
La vivienda, una cuestión de bien común
Y este fue el tema de la siguiente conferencia, impartida por Julio Martínez, Doctor en Teología por la Universidad Pontificia Comillas, y profesor en Teología Moral de dicha universidad: “El derecho a la vivienda en el marco del bien común y de los bienes comunes”. Partiendo de la idea de que el bien común tiene que ver con lo que es de todos (el respeto a la casa común, a los bienes comunes y a la justicia social), su tutela y la responsabilidad sobre ella es “tarea de la comunidad”. Y aquí entra en juego tanto la función del Estado, como la del mercado, aunque con límites y salvedades: “ni el Estado puede ser el papá que intervenga siempre a cambio del clientelismo político, ni el mercado puede campar a sus anchas”. Es decir, que, como apuntó el profesor Martínez, “el bien común es cosa de todos y todos debemos ser capaces de colaborar dentro de las posibilidades de cada uno”.
Julio Martínez: “en España no se dan las condiciones para llegar a acuerdos en ningún tema de bien común por el deterioro enorme de las instituciones”
Sobre el mercado, el profesor de Teología Moral, recordó las 3 lógicas por las que se rige: la política, el contrato y el don (la gratuidad). Esta última “no significa que haya que regalar dones y servicios, sino poner en el centro a la persona”. Y en lo que se refiere a la responsabilidad del Estado, apuntó a uno de los grandes escollos que se dan hoy a la hora de abordar cualquier tema que tenga que ver con el bien común y es “el deterioro enorme de las instituciones del Estado, por una política, dijo, que solo busca perpetuarse en el poder” y que está ocupada en salir airosa de los casos de corrupción. Una situación que, por un lado, aprovechan los extremos populistas; y que, por otro, impide llegar a acuerdos sobre los grandes asuntos. “Denunciar eso, defendió Julio Martínez, no es meterse en política, sino meterse en algo muy fundamental, -que es lo que la Iglesia tiene que hacer-, que es el juicio moral sobre cuestiones políticas. Porque lo que está deteriorado es fundamentalmente el núcleo democrático. Y si el núcleo democrático está deteriorado, no hay manera de ponerse de acuerdo sobre ningún tema”, concluyó.