En su primera campaña electoral dijo Donald Trump, en un mitin en Sioux Center, que “podría pararme en mitad de la Quinta Avenida y disparar a gente y no perdería votantes". La manifestación de Donald Trump no es más que una provocación que, no obstante, tiene una clara definición del momento social en el que nos hemos instalado y es que cada vez estamos más cegados por nuestro pensamiento preconcebido y, consecuentemente, o bien negamos los hechos objetivos y los datos reales, o bien simplemente terminamos justificándolos. De ahí la conclusión a la que llegó en ese mitin el entonces candidato electoral: haga lo que haga, no pasará nada; simplemente ganaré las elecciones. Y 2024 volvió a ser testigo del pronóstico cumplido. Trump ganó y el próximo día 20 de enero de este nuevo año 2025 tomará posesión de la Casa Blanca.

En efecto, el pasado año nos ha dejado muchos ejemplos, a nivel nacional e internacional, de acciones o decisiones políticas inverosímiles respecto de las cuales, finalmente, “no ha pasado nada”. Como si una especie de anestesia social nos viniera dominando, sin que nada nos escandalice o, si lo hace, con efectos que terminan rápidamente por diluirse sin que tengan consecuencia alguna. Los responsables políticos son buenos sabedores de que adoptan decisiones que, por mucho escándalo que puedan generar incluso dentro de sus propios simpatizantes -véase el denostado capítulo de la cuestión catalana por citar uno entre muchos con todas sus derivadas policiales, judiciales o legislativas como la ley de amnistía-, no amenazan su posición y no ocurre nada a la hora de rendir cuentas por ello.

Quizá no pase nada a corto plazo, pero lo bien cierto es que esta situación está minando el sistema democrático. La manipulación de los hechos y de la historia, los discursos lenguaraces y tóxicos, los gobernantes sin escrúpulos, la puesta al servicio interesado y no del bien común de las instituciones públicas, -como está ocurriendo con la Fiscalía General del Estado- y la generación de inseguridad jurídica, son latigazos constantes a la democracia y al sistema de convivencia que nos hemos dado, hasta el punto de que se acaba poniendo en duda su propia utilidad. Cada acción (u omisión) que debilita la credibilidad institucional es una oportunidad para las fuerzas antidemocráticas y pone en riesgo todo el sistema. Y aunque se diga que no pasa nada, claramente, la insensibilidad social sí que contribuye a ese peligro.

Por eso, más que recordar el fallecimiento hace 50 años de la autocracia, debiéramos poner el foco en los principios que nos han venido rigiendo estas últimas décadas, como la consagración de nuestra Carta Magna con su elenco de derechos y libertades fundamentales y el principio de separación de poderes que han permitido olvidar una tormentosa historia que ahora se quiere resucitar. Recordar todo ello no es más que desempolvar de nuevo aquella vieja inquina de nostálgicos de un lado y de otro, en lugar de pasar página en pro de una reconciliación en la que, por entonces, mayoritariamente todos buscaron. Pese a sus muchas imperfecciones y errores -como toda edificación política-, y pese a los necesarios ajustes que siempre son exigibles para adaptarse a los signos de los tiempos, nuestro sistema democrático ha sido considerado como un modelo en su diseño y su puesta en práctica para aquellos que han querido transitar un camino muy similar.

Jesús Avezuela,
Director General de la Fundación Pablo VI

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