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Síntesis de la sesión del 10 de octubre de 2024

Para entender cómo pueden responder las instituciones europeas a la revolución digital y a la transformación del trabajo, con la intención de enmarcar estos cambios en una perspectiva de bien común, el seminario se ha centrado en esta sesión en otro campo concreto en el que se demandan respuestas europeas, el de la defensa común. La ponencia ha ido a cargo de Alberto Priego, profesor agregado de derecho público en la Universidad Pontificia Comillas, con un comentario del Teniente General (r) del Ejército del Aire Rubén García Servert. El debate entre los miembros del seminario ha sido moderado por el director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Avezuela, y por el director del seminario, Domingo Sugranyes.

A la pregunta planteada por los organizadores, el profesor Priego contesta con un sí rotundo. Las bases de la defensa común existen: la Agencia Europea de Defensa (creada en 2004) sirve de foro para llevarla a cabo y depende del Alto Representante de la Unión, encargado de los Asuntos Exteriores y de la Política de Seguridad (lo que favorece una estrecha coordinación entre ambos campos). En varias declaraciones se afirma la alineación de la UE con la OTAN en objetivos y en acciones. La propia Unión reafirmó en el Tratado de Lisboa (art. 42.7) la cláusula de defensa mutua que obliga colectivamente a todos los Estados miembros. Más recientemente se ha aprobado la Brújula Estratégica con un plan de acción de seguridad y defensa de la UE de aquí a 2030. En la nueva Comisión en curso de formación habrá un puesto de comisario de defensa, que probablemente ocupará el lituano Andrius Kubilius, coordinado por la probable sucesora de Josep Borrell como Alta Representante, Kaja Kallas (Estonia).

La defensa común es necesaria, en primer lugar, como ulterior paso lógico en el proceso de integración europea; sin este paso, el proceso retrocedería. La actual guerra en Ucrania ha acelerado las iniciativas en un proceso que está en marcha. En segundo lugar, la construcción de la defensa común es económicamente rentable, no sólo por el impulso que supone para la industria europea: las guerras no generan riqueza, pero la defensa común ahorra gastos considerables; de haber avanzado más en este proceso, se hubiera quizás podido disuadir la invasión rusa de Ucrania y evitar el enorme coste de la ayuda en armas y de la reconstrucción posterior. En tercer lugar, la defensa común es un elemento de cohesión social y política, como lo fue históricamente en la construcción de identidades nacionales del continente. En cuarto lugar, la defensa común es necesaria para que la UE tenga la capacidad de extender la estabilidad más allá de sus fronteras, especialmente en su primera línea de periferia, en países en los que tiene una obligación moral con todos y cada uno de sus habitantes (Responsabilidad de Proteger).

¿Cómo realizar esta defensa común? Para Alberto Priego, la política de seguridad debe ser conforme a los principios fundadores de la construcción europea – inspirados en gran parte en la tradición judeocristiana – con una visión antropocéntrica, aplicando los principios de subsidiariedad (adecuación a las necesidades de los Estados miembros) y de solidaridad (cláusula 222 TFUE), respetando las normas de la economía social de mercado, y “con mentalidad nacional”, lo más cercana posible a la diversidad de percepciones en la UE.

En su comentario, el general García Servert propone un análisis realista: aunque la UE ha adoptado formalmente el principio de la mutualización de riesgos, en la práctica los Estados hacen poco para cumplir su compromiso. Una defensa común real necesitaría una estructura estatal como base, y la UE está aún lejos de ello. Hay que preguntarse: ¿Se puede dotar Europa de una defensa común? ¿Debe hacerlo? ¿Quiere Europa hacerlo? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta clara en la práctica. El principal obstáculo para que Europa se dote de defensa común es que subsisten entre sus miembros intereses nacionales divergentes y, a veces, enfrentados. Sin embargo, en la situación geopolítica actual y, en particular, ante la actitud de los gobiernos de Estados Unidos en la OTAN, la UE no tiene más remedio que abordar la defensa común. Las recientes ampliaciones de la UE complican aún más el panorama de intereses divergentes. La atención de la OTAN, como también la de la nueva Comisión europea, está ahora centrada en el Este, ignorando importantes amenazas reales desde el Sur, en las que la inmigración ilegal se mezcla inseparablemente con la criminalidad organizada y las guerras locales en el continente africano. Ante un panorama incierto, la única respuesta válida está en el concepto de Cooperaciones Reforzadas en Defensa, un camino en el que un núcleo duro de Estados puede avanzar en proyectos comunes de defensa, sin olvidar la construcción de un paraguas nuclear europeo.

En el debate que se abre a continuación se plantean interrogantes acerca de la base institucional de la defensa común. Para el ponente y el autor del comentario, está claro que no hace falta cambiar los tratados, sino dar contenido a los mimbres institucionales existentes. En el estado actual, no se trata de crear un ejército europeo como tal, sino de promover iniciativas conjuntas en los aspectos más urgentes. La defensa común tiene una estrecha relación con la política industrial europea: en la situación actual, muchos recursos se destinan a producciones defensivas norteamericanas; la industria de defensa debería pasar a considerarse como un bien público europeo. Existen ejemplos muy positivos en este sentido como, por ejemplo, el avión de transporte militar A400 fabricado por Airbus.

La actual situación defensiva de Europa presenta importantes puntos débiles, comunes a los países miembros: se citan, por ejemplo, una falta de liderazgo en la defensa cibernética, la insuficiente fabricación de armamento tradicional, y la dependencia de materiales críticos procedentes de China y otros continentes. La prioridad dada por la UE a la transición ecológica puede tener un coste elevado en términos de seguridad, al crear un espacio que pretende imponer normativas de descarbonización a otros países. El debate se focalizará cada vez más en los temas de financiación: los EEUU reclaman legítimamente una mayor participación europea en los gastos de defensa – España en este aspecto está especialmente atrasada – y la respuesta tendrá que pasar necesariamente por mayores impuestos o por una reorientación del gasto público, por un incremento del presupuesto europeo, y por nuevas emisiones de deuda mancomunada europeas. Es impensable que la defensa común europea se desarrolle fuera de la OTAN; en la medida en que Europa va adquiriendo características propias de un Estado, su defensa común es tan compatible con la OTAN como lo es la de EEUU o de Canadá.

A las preguntas sobre la conveniencia de restablecer el servicio militar obligatorio, el general García Servert se declara poco partidario de esta medida desde el punto de vista de la eficiencia defensiva: el servicio obligatorio era más una formación de base que una preparación profesionalizada. La intervención de fuerzas armadas en tareas de protección civil (UME) o de operaciones pacíficas internacionales es parte de su vocación y contribuye a su buena imagen. La necesidad de una mayor conciencia de los temas de defensa en la opinión pública requiere que personas con conocimiento directo intervengan con mayor frecuencia para ayudar a percibir las amenazas reales e interpretarlas correctamente, lejos de cualquier utilización partidista.

Por último, se pregunta a los ponentes acerca de la guerra en Ucrania. Ambos coinciden en que es necesario continuar el apoyo europeo sin desmayo. Es probable que se acerque un período de negociación, en el que se consoliden algunas concesiones territoriales a cambio de que Ucrania se incorpore a la OTAN y a la UE. Para ello será más necesario que nunca el pleno apoyo de la UE a Ucrania, tanto militar como diplomático.

Listado de asistentes en la sesión del 10 de octubre de 2024

1. Francisco Aldecoa Luzárraga, Catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid
2. José Ramón Amor Pan. Director del Área Académica, Fundación Pablo VI
3. Benito Arruñada. Catedrático de Organización de Empresas, Universidad Pompeu Fabra
4. Jesús Avezuela Cárcel, director general de la Fundación Pablo VI
5. Agustín Blanco Martín, director de la Cátedra J.M. Martín Patino de la Cultura del Encuentro, Universidad Pontificia Comillas
6. José Luis Calvo. Cofundador, Diverger
7. Jesús Conill. Catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia
8. Urquiola de Palacio, presidenta saliente de la Unión Internacional de Abogados
9. Jorge Díaz Lanchas. Profesor asistente de Economía, ICADE/ Universidad Pontificia Comillas
10. Paloma García Ovejero. International Media Manager, Mary’s Meals International
11. Rubén García Servert, Teniente General (r), Asesor Militar de Indra
12. Miguel López-Quesada Gil. Presidente, Dircom
13. Alfredo Marcos Martínez, catedrático de Filosofía de la Ciencia, Universidad de Valladolid
14. Miguel Ángel Martínez López. Ingeniero de Telecomunicación y escritor. Director de innovación en YBVR
15. Carlos Martínez Mongay. Economista, ex director en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea
16. Alberto Priego Moreno. Relaciones Internacionales, Universidad Pontificia Comillas
17. Sergio Rodríguez López-Ros. Vicerrector de Relaciones Institucionales, Universidad Abat Oliva CEU
18. Gloria Sánchez Soriano. Vicepresidente - Relaciones Institucionales y Políticas Públicas, Grupo Santander. En secondment en el Institute of International Finance
19. Domingo Sugranyes Bickel, director del seminario de ética socioeconómica, Fundación Pablo VI
20. José Luis Zofío. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de Madrid

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