Síntesis de la sesión del 24 de marzo de 2022
La Fundación Pablo VI acogió la cuarta sesión del seminario permanente “El trabajo se transforma”. En esta ocasión, el análisis sectorial se centró en la agricultura y la alimentación con la ponencia de Fernando Chocarro y el comentario de José Miguel Corberá. La reunión puso de manifiesto, como destacó el director del seminario, la complejidad y la diversidad de este sector productivo: se suele proclamar su importancia social, pero su realidad es poco conocida.
Fernando Chocarro comenzó su intervención señalando que nos encontramos ante una “tormenta perfecta” en el campo, una situación que obliga, más que nunca, a buscar vías de transformación. La aportación del sector agroalimentario al PIB español supera el 9 % con cerca de 100.000 millones de euros anuales. A pesar de la reducción del empleo agropecuario, el sector sigue representando el 12 % de los trabajadores españoles. La realidad laboral del sector muestra envejecimiento, con más del 34 % de los trabajadores con más de 50 años, y poca diversidad, con apenas un 30 % de mujeres empleadas formalmente.
Entre los datos macroeconómicos del sector destacan un aumento de las exportaciones con destino a la Unión Europea y Reino Unido. En el terreno de la sostenibilidad, sobre el que más adelante se profundizó, Chocarro destacó la posición de España en el grupo de cabeza de la producción de carne orgánica y el aumento del 55 % en la carne “ecológica”. En cuanto a las emisiones de gases nocivos, aunque sigue siendo elevada, se observa una clara reducción en la última década.
En este contexto, el Gobierno ha elaborado un plan estratégico (PERTE) que aprovechará parte de los fondos de recuperación europeos, mil millones de euros, para reformar el sector agroalimentario a través de tres ejes de acción:
- Transformación de la cadena con un impulso de la trazabilidad, la sostenibilidad y la competitividad.
- Apoyo a la digitalización.
- Fomento de la innovación que busque un impulso de la diversificación de los cultivos, la seguridad alimentaria y la reducción de costes.
Tras aportar los datos a modo de introducción, Fernando Chocarro identificó cinco grandes tendencias del sector que marcan su presente y su futuro.
1.- Aumento del poder de negociación de la demanda. “Del vendo lo que produzco se ha pasado al produzco lo que vendo”. Con esta frase se resume una realidad que muestra como los grandes compradores, es decir las grandes empresas de distribución, han ganado peso en una cadena productiva que acaba por adaptarse a ellos, más que a las propias condiciones de rentabilidad. Este desequilibrio obliga a los productores a agruparse para compensar el poder de los compradores.
2.- Innovación tecnológica disruptiva. Inteligencia artificial, uso de datos a gran escala, drones… La rápida y masiva introducción de estos elementos en el sector agroalimentario ha obligado a llevar a cabo una nueva adaptación y ha incrementado la brecha competitiva. La diferencia entre los productores que, por tamaño o por su capacidad financiera, pueden invertir en esta transformación y aquellos que no son capaces cada vez es mayor. La innovación ha incrementado la necesidad de invertir, formarse y profesionalizarse. Quien no consigue recorrer este camino corre el riesgo de quedarse fuera.
Esta tendencia también tiene aspectos positivos, como el aumento de la automatización en los procesos de menor valor añadido, algo que consigue una mayor productividad, eficacia y reduce las “tareas penosas” del campo. También se mejora el control de la calidad de los productos y se consigue mayor objetividad en este proceso.
3.- La potenciación de conceptos como la sostenibilidad, la ecología y el cuidado del medio ambiente en las motivaciones de compra. En esta tendencia convergen diferentes vías de actuación. Por un lado, la nueva legislación europea sobre el uso de productos fitosanitarios obliga a los productores a cambiar muchas prácticas habituales y los efectos se podrán ver en los próximos años. Se producen cambios rápidos en aspectos fundamentales como el control de plagas que requieren de un asesoramiento constante y que, del mismo modo que señalábamos en la innovación, requiere de una rápida adaptación bajo el riesgo de quedar fuera del mercado.
Por otro lado, en los últimos años se vive una cierta “fiebre ecológica” que, en palabras de Fernando Chocarro, tiene el riesgo de generar una burbuja y derivar en fraudes. Es complicado para el productor cumplir con todas las normas que abren las puertas a esa calificación ecológica y garantizar al mismo tiempo producciones estables para sus contratos de venta o de exportación. En paralelo, es posible apreciar una falta de voluntad por parte de los consumidores a la hora de pagar el diferencial de precio derivado del aumento de los costes de las producciones que lleven el sello “ecológico”. Frente a esta situación, Chocarro puso sobre la mesa una alternativa más realista: la “producción residuo cero”, que reduce el número de químicos utilizados en las cosechas y garantiza una bajada de residuos al consumidor.
4.- Falta de relevo generacional. Como se indicó a la hora de introducir con datos estadísticos la realidad del sector agroalimentario, el envejecimiento laboral del sector es una realidad. Esto provoca que cada vez sea más común el separar la propiedad de la gestión de una explotación, recurriendo en la mayoría de los casos a empresas especializadas. Al mismo tiempo, cada vez es más difícil encontrar mano de obra cualificada y jóvenes que quieran formar parte de esta actividad, siendo menos de un 14 % los empleados de menos de 40 años.
5.- Una legislación laboral proteccionista y con poca flexibilidad. Fernando Chocarro señaló que el sector agroalimentario es complejo y diverso y apuntó la falta de conocimiento del regulador a la hora de establecer la legislación laboral. Apostó por un modelo flexible que no caiga en ineficiencias y que respete las condiciones laborales reales de los trabajadores del campo. En su opinión, la reciente reforma laboral presenta figuras jurídicas insuficientes por desconocimiento, algo que puede acabar por expulsar a trabajadores del sector.
La innovación ha incrementado la necesidad de invertir, formarse y profesionalizarse. Quien no consigue recorrer este camino corre el riesgo de quedarse fuera
Fernando Chocarro concluyó su ponencia aportando su experiencia en el terreno de las cooperativas de segundo grado. Estas reúnen a cooperativas de primer grado (las que trabajan sobre el terreno, recogen la producción, etc) para concentrar un mayor volumen y así acceder a fuentes de financiación e inversión mayores. Además, frente al aumento del poder de la demanda, que se comentó anteriormente, estas cooperativas de segundo grado permiten ganar capacidad de negociación y también hacer frente a la exigente normativa ya descrita anteriormente en materias como la fitosanitaria. Su desarrollo es importante, pero insuficiente: el sector cooperativo se presta poco a las fusiones – por sus características jurídicas y por su gestión – y ello representa un freno en su crecimiento.
El sector agroalimentario, finalizó Chocarro, se enfrenta a retos importantes que llegan a una velocidad sorprendente y acelerada por el contexto geopolítico. Pese a todo, la historia deja mucho margen para el optimismo: el sector se ha adaptado con éxito a muchas situaciones difíciles, y seguirá haciéndolo.
Tras la ponencia de Fernando Chocarro, José Miguel Corberá realizó un comentario que se centró en la cuestión clave del poder de negociación, la regulación de la cadena y las cláusulas de reparto de valor.
Señaló que una tendencia que caracteriza el sector agroalimentario se ha identificado en el poder de negociación de la gran distribución que impacta en la baja rentabilidad y, asimismo, el escaso relevo generacional que sufre el sector. Frente a esta realidad, la administración y diversas asociaciones de agricultores presentan estudios en los que se insiste en la necesidad de incrementar la competitividad y asegurar un reparto de ingresos justo. Indican que los desequilibrios en la cadena inciden en la permanente crisis del sector de la agricultura por la existencia de precios bajos y la convierten en un sector poco atractivo para los posibles trabajadores.
Los análisis más recientes recomiendan abandonar reivindicaciones tradicionales y buscar soluciones centradas en el poder de control del mercado y el poder de negociación. Las reformas en la Ley de la cadena alimentaria ya hacen algunas referencias a los problemas derivados de la destrucción de valor a lo largo de la cadena, impidiendo la venta a pérdidas, pero su aplicación práctica no termina por resolver los problemas, como demuestran las recientes manifestaciones y protestas del “mundo rural”.
Este cambio en la normativa, realizado en el año 2020, reconoce que cada operador deberá pagar al anterior un precio igual o superior al de producción del producto. Añade, además, que aquel que lleva a cabo la venta al público no puede repercutir en los anteriores eslabones de la cadena el riesgo que él asume con sus políticas comerciales. Esta modificación tiende a equilibrar el proceso de configuración del precio. A finales de 2021 se volvió a modificar la legislación que prohíbe la venta a pérdidas y obliga al respeto del coste incurrido en la producción.
En esta búsqueda de fórmulas que ayuden a equilibrar la cadena y determinar los precios surgen las cláusulas de reparto de valor, una posibilidad de acuerdos voluntarios entre asociaciones de agricultores y operadores de las fases posteriores promovida por el legislador europeo. Su origen está en los mecanismos del sistema de cuotas que regía el sector de la remolacha azucarera.
Las cláusulas de reparto de valor tienen como objetivo, por un lado, el “facilitar una mejor transmisión de las señales del mercado y reforzar los vínculos entre los precios al productor y el valor añadido en toda la cadena de suministro”, y por otro, el papel de las organizaciones interprofesionales “a la hora de posibilitar el diálogo entre los agentes de la cadena de suministro y promover las mejores prácticas y la transparencia del mercado”. La aplicación de estas cláusulas, aún poco difundidas, requiere aún una mayor claridad reglamentaria y plantea dudas de coherencia con la legislación en materia de competencia y morosidad.
En el debate que se abrió a continuación, se hizo hincapié en la importancia económica del tema de la gestión de la cadena de valor y del reparto de las “rentas” que se generan en los distintos eslabones de producción y distribución. La evolución de la legislación en esta materia es de gran interés para cualquier análisis económico realista de la distribución, que a su vez tiene fuertes consecuencias para la transformación del trabajo.
Se puso asimismo el foco en el papel del trabajo de los temporeros e inmigrantes en este sector y también en el empleo precario o incluso ilegal. Fernando Chocarro amplió su análisis a este respecto reconociendo que la inmigración tiene una fuerte relevancia en el sector agroalimentario donde muchas tareas consideradas “penosas”, como puede ser la recogida del producto, están asociadas tradicionalmente a este tipo de trabajador. Todavía se dan situaciones inaceptables, pero son la excepción; también se advierten importantes medidas de mejora por parte de una mayoría de agricultores que cuidan y protegen a sus contratados, renovándoles contratos cada año. También juega el hecho de que cada vez son más los clientes que exigen certificados de buenas prácticas laborales en la producción.
La realidad laboral ha mejorado gracias a una mecanización y una robotización que permiten la desaparición de los trabajos más “penosos”
Se resaltó la complejidad de un sector en el que se incluye agricultura, ganadería, pesca… y que comparte una fuerte regulación por parte de la Unión Europea. La diversidad del sector también se deja notar en los tipos de explotaciones agrícolas, tan diferentes según las regiones y el tipo de cultivo. Esta cuestión afecta a aspectos como la capacidad de invertir en innovación y genera situaciones y capacidades muy diferentes entre productores.
La cuestión legislativa también se abordó desde un punto de vista laboral, con unas leyes habitualmente centradas en los sectores de la industria y los servicios, ignorando las realidades del sector agroalimentario. Fernando Chocarro señaló en este punto el problema que supone pensar en la temporalidad como algo pernicioso por naturaleza, cuando es algo connatural en la agricultura. Estas peculiaridades no han sido reconocidas en una reforma laboral que deja poco espacio para la flexibilidad en los contratos.
Antes de la conclusión por parte del director del seminario, los asistentes pudieron escuchar las intervenciones de dos participantes que forman parte del IV Programa de Liderazgo Iberoamericano de la Fundación Pablo VI. Karla Díez trabaja en una empresa dedicada a la exportación de productos agrícolas en Perú; reconoció que el sector agroalimentario en su país también se enfrenta a una importante crisis a la que se suma una falta de valoración que lleva a los productores a dejar de lado la innovación y las proyecciones de crecimiento. Janeth Bonilla, ingeniera agropecuaria de Ecuador, realizó un análisis de la situación de su país, donde el “sector rural” sufre la carencia de tecnificación y una política agroecológica que dificulta los procesos de producción. Además, Bonilla puso el foco en la necesidad de empoderar a la mujer en esta industria, puesto que son más del 40 % del total de trabajadores rurales ecuatorianos.
Domingo Sugranyes cerró la cuarta sesión del seminario “El trabajo se transforma” recogiendo los aspectos más relevantes de la jornada y abriendo algunas líneas para próximos encuentros:
- Se denota la necesidad de una mayor atención, conocimiento e interés por la problemática del sector agroalimentario.
- La realidad laboral ha mejorado gracias a una mecanización y una robotización que permiten la desaparición de los trabajos más “penosos”. La situación de los temporeros y la mano de obra inmigrante sigue siendo motivo de preocupación, si bien muestra avances sociales significativos en los últimos años.
- Se produce un envejecimiento de los trabajadores al tiempo que se comprueba una seria dificultad para transmitir los conocimientos y la experiencia, al quedarse obsoletos debido a una rápida evolución tecnológica. Es un sector en el que falta renovación y con poca capacidad de atracción de trabajadores jóvenes.
- Se presta poca atención al papel de la mujer en el sector de la agricultura y la alimentación. Un trabajo importante, muy relacionado con el empleo no remunerado, que se abordará en futuras sesiones.
- Por último, la “fiebre ecológica” y los cambios necesarios para incrementar la sostenibilidad derivan en un aumento de costes, y no está claro que este quiera ser asumido por los consumidores.
Listado de asistentes en la sesión del 24 de marzo de 2022
- Jesús Avezuela Cárcel, director general de la Fundación Pablo VI
- Agustín Blanco, director de la Cátedra J. M. Martín Patino de la Cultura del Encuentro, Universidad Pontificia Comillas
- Fernando Chocarro, directivo del Sector Agroalimentario
- José Miguel Corberá, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Mercantil, Universitat Politèctica de Valencia, CEGEA
- Paul Dembinski, economista, Observatoire de la Finance, Ginebra
- Lorenzo Fernández Franco, catedrático de Sociología, Universidad Complutense
- Francisco Javier López Martín, exsecretario general, CCOO Madrid
- Alfredo Pastor, economista, profesor emérito IESE
- Domingo Sugranyes Bickel, director del seminario
