La inmunización frente a la COVID-19 a través de una vacuna constituye la principal estrategia para superar la terrible pandemia que estamos sufriendo desde hace un año.

Sabíamos desde el principio que tardaríamos en tener dosis suficientes para toda la población, puesto que el carácter global de la pandemia dificulta ese acceso: son todas las regiones del mundo y miles de millones de personas las que necesitan la vacuna. Sabíamos, por tanto, que este asunto implicaba ineludiblemente la necesidad de establecer una priorización en su aplicación.

“El exceso de demanda y la competencia por el lado de la oferta ya están creando un nacionalismo en torno a las vacunas y el riesgo de que los precios se disparen. Este es el tipo de fracaso del mercado que solo pueden resolver la solidaridad mundial, la inversión en el sector público y el compromiso”, alertaba el Director General de la OMS el pasado 13 de agosto.

La teoría la conocemos bien. Creo que podemos decir con seguridad que las directrices para su distribución han pasado la prueba del algodón. Pero ya sabemos que del dicho al hecho hay un trecho… De todos es conocido lo que está pasando con las vacunas para el COVID-19, no es momento de hacer un resumen de unos problemas de los que los medios de comunicación nos tienen sobradamente informados. Los ánimos de los profesionales sanitarios, por cierto, están muy excitados con este tema, lo cual no es ninguna buena señal.

Lo único que quiero con estas líneas es, una vez más, apelar a la integridad moral: sin ésta, por muy buenos protocolos, directrices y guías que elaboremos, vamos a estar perdidos. Porque el papel todo lo aguanta. Se necesitan ciudadanos convencidos de aplicar esos protocolos, directrices y guías porque están convencidos de que es su deber, su obligación. Se trata, por consiguiente, de recuperar la aspiración a la excelencia como modo de ser.

Es la hora de reivindicar ejemplaridad en la vida pública, de luchar contra toda clase de picaresca, nepotismo o interés de grupo, de anteponer el bien común ante el propio egoísmo. Toda la sanción ética y legal debe caer sobre quien ha recibido la vacuna saltándose la priorización establecida para garantizar el interés general y la equidad. Dicho lo cual, no echemos más leña al fuego diciendo que no deben recibir la segunda dosis, porque esto no significaría más que desperdiciar un bien que es escaso y sumamente valioso.

José Ramón Amor Pan
Coordinador del Observatorio de Bioética
y Ciencia de la Fundación Pablo VI

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