El Ministerio de Sanidad publicó ayer el informe de evaluación anual sobre la prestación de ayuda para morir en España correspondiente al año pasado.

Conviene recordar, antes de nada, que la Ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (que entró en vigor el 25 de junio de ese mismo año) se refiere con la denominación “prestación de ayuda para morir” tanto a la eutanasia como al suicidio médicamente asistido.

El informe revela que durante el año pasado se registraron 766 solicitudes de ayuda para morir, es decir, un 24,8% más de solicitudes que el año anterior. Este es el dato relevante para el Gobierno, dado el titular de la nota que emitió La Moncloa: “Cerca de un 25% más de solicitudes de eutanasia en 2023 que en el año anterior”.

En cambio, para mí el dato verdaderamente destacable del informe es este otro: “Desde la implementación de la LORE, la tasa de mortalidad por eutanasia ha sido del 0,0166% en 2021, del 0,0622% en 2022 y del 0,0767% en 2023. Estos datos reflejan un muy lento crecimiento progresivo en la tasa de mortalidad por eutanasia desde el inicio de la aplicación de esta prestación”.

Un dato que contrasta palmariamente con lo señalado en las dos primeras líneas de la ley: “La presente Ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia”. Este era un mantra que los representantes de la Asociación Derecho a Morir Dignamente no se cansaban de repetir. La realidad, que suele ser muy tozuda, nos ha dado la razón a quienes sosteníamos que no era una demanda de la sociedad española y sí una cuestión con un fuerte contenido ideológico (como lo evidenció el hecho de que la ley se tramitase cuando todavía no habíamos salido de la pandemia y, también, el exiguo periodo para su entrada en vigor).

A este respecto, en el apartado de conclusiones los autores del informe se permiten decir lo siguiente: “El acceso a la eutanasia podría estar limitado por factores como el desconocimiento de la prestación o la falta de información entre la ciudadanía. Además, la disponibilidad de profesionales suficientemente formados, con tiempo y la objeción de conciencia de algunos sanitarios pueden dificultar el acceso a la prestación” (p. 48).

¿Realmente alguien se cree que en nuestro país hay desconocimiento acerca de que es legal pedir la eutanasia? ¿Resulta ético intentar echar la culpa de las pocas peticiones de eutanasia a los objetores de conciencia? Y lo que ya es del todo punto cínico es reconocer, ahora, que para hacer bien las cosas hace falta tiempo y formación: se les avisó de todo ello en sede parlamentaria durante la tramitación de la ley, incluso por algún senador que iba a votar favorablemente.

Otros datos de interés

El perfil más común de las personas solicitantes sigue siendo el de personas enfermas entre 70 y 79 años, principalmente con enfermedades oncológicas y neurológicas.

De las 766 solicitudes, se llevaron a cabo 334 prestaciones. Un 25% de las personas solicitantes fallecieron antes de resolverse su solicitud; un 3% cambiaron de opinión; el número de solicitudes denegadas fue del 24%.

También resulta interesante conocer la distribución de esas 766 solicitudes de eutanasia registradas en todo el territorio nacional:

• Cataluña 219.
• Madrid 89.
• Canarias 62.
• País Vasco 58.
• Comunidad Valenciana 56.
• Andalucía 43.
• Galicia 41.
• Islas Baleares 37.
• Asturias 33.
• Castilla-La Mancha 28.
• Castilla y León 27.
• Navarra 24.
• Aragón 22.
• Cantabria 19.
• Murcia 2.
• La Rioja 4.
• Extremadura 2.
• Melilla 0.
• Ceuta 0.

Estos datos -por sí solos- darían para un comentario extenso, para el que no disponemos de espacio. Apunto sólo una cosa: donde el sentido comunitario de la vida humana está más arraigado, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido crecen menos.

Creo que todavía es posible la esperanza. Los discursos apocalípticos no sirven para nada, no seducen, no mueven conciencias y corazones. Debemos trabajar en positivo por construir una sociedad auténticamente inclusiva, de la que los enfermos graves y las personas en situación de dependencia se sientan parte y no excluidos. Y, para ello, hay que emplear recursos y energía para proporcionar los apoyos necesarios a todos ellos, garantizando los cuidados paliativos y la atención a la dependencia en tiempo y forma a todas las personas que los necesiten.

 

José Ramón Amor Pan
Coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI

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