El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió a trámite el pasado 8 de enero de 2019 una reclamación contra Bélgica por violación de la Convención Europea de Derechos Humanos. La petición sostiene que se aplicó la eutanasia a una señora que padecía una prolongada depresión sin las debidas garantías y que el gobierno belga no ha investigado a fondo el caso. La reclamación la formula el hijo de la difunta, la Sra. Goldelieva de Troyer.

Encontramos toda la información del caso en la web de la asociación Alliance Defending Freedom, y más en concreto en el siguiente link: http://adfinternational.org/wp-content/uploads/2018/01/ECtHR-Application-03-November-2017-Redacted.pdf

Según la petición formulada ante dicho Tribunal, el psiquiatra que atendió durante más de 20 años a esta paciente dejó constancia en su ficha médica que, si bien la Sra. Goldelieva de Troyer padecía altibajos con motivo de su depresión, la petición de eutanasia era inmadura.

El 17 de enero de 2012 la paciente cambia de psiquiatra. El Dr. Thienpont, el nuevo médico que la atiende, afirma el 14 de febrero de 2012 que la paciente puede ser ayudada a morir. El 29 de febrero de 2012 la Sra. Goldelieva realiza una donación de 2.500 euros a la Asociación LIEF, que dirige el Dr. Distelmans. El 19 de abril de ese mismo año el Dr. Distelmans aplicó la eutanasia a la Sra. Goldelieva de Troyer. Al día siguiente de aplicado el procedimiento de eutanasia, se informa sin más al hijo de la Sra. Goldelieva de su deceso.

El hijo solicitó entonces a la Comisión de Control Federal y Evaluación que supervisa la aplicación de la eutanasia en Bélgica que se revisase la documentación atinente al procedimiento de eutanasia que se aplicó a su madre. La Comisión denegó esta petición y consideró que no había habido irregularidades en el procedimiento de eutanasia.

Pero el problema es que uno de los miembros de aquel organismo es el médico que lidera la Asociación LIEF y que aprobó el procedimiento. Es decir, la misma Comisión que habría tenido que investigar los hechos se encontraba comprometida en el caso y no podía garantizar imparcialidad. Este conflicto de intereses es el eje de la reclamación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ya en abril de 2014 se había presentado una denuncia ante la justicia belga, que en junio de dicho año calificó el supuesto investigado como “un simple error administrativo desafortunado”.

Cuando en nuestro país se está en pleno proceso legislativo para despenalizar/legalizar la eutanasia, y desde las tribunas que la promueven se apela una y otra vez a lo bien que funciona la eutanasia en Holanda y en Bélgica, conviene conocer casos como el que nos ocupa, que evidencian que no todo es orégano en el monte y que ni mucho menos la trasparencia está garantizada en la aplicación de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido.

José Ramón Amor Pan
Coordinador del Observatorio de Bioética
y Ciencia de la Fundación Pablo VI

 

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