Es la fiscal de “la mano tendida”. Avelina Alía pertenece a ese gran grupo de profesionales del Ministerio Fiscal que no sale en los medios de comunicación y cuya labor es, quizá, menos conocida. Pero no por ello menos importante o alejada de la esencia de este órgano que tiene por misión, según recoge la Constitución, “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos (especialmente los más vulnerables) y del interés público tutelado por la ley”. La Fiscal Decana del área de Getafe-Leganés del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dedica una gran parte de su trabajo a la defensa jurídica de un colectivo especialmente vulnerable, el de las personas con discapacidad intelectual. Desde su experiencia, formación y capacitación profesional, Avelina Alía ayuda a eliminar esas barreras que hacen de la Administración de Justicia un terreno difícil y poco amigable para las personas con discapacidad, convencida de la necesidad de un igual reconocimiento y trato ante la ley, tal y como marca la Convención Internacional. Es por ello por lo que forma parte del grupo de expertos del Seminario de Trabajo de Bioética y Discapacidad, dentro del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI. Nos recibe en su despacho de la sede de los Juzgados de Getafe, que abarca unos 800 mil habitantes.

 

 

P.- Cuando se habla de la función del Ministerio Fiscal inmediatamente vienen a la cabeza los grandes juicios o los casos más mediáticos. Pero hay otras funciones muy desconocidas ¿Por qué esta especialización?

R.- En primer lugar, es lógico que la sociedad identifique al fiscal con lo que yo denomino el del “dedo acusador”, pero la Constitución nos ha otorgado a los fiscales la deferencia y la responsabilidad de promover la acción de la justicia en defensa del interés público tutelado por la Ley, donde se engloba lógicamente la protección de las personas más vulnerables. De modo que es una misión capital. Y ¿por qué no es tan mediática o conocida? Pues igual también es responsabilidad nuestra, del propio Ministerio Fiscal. Y es fundamental dar a conocer esta versión. En mi caso, compagino las tradicionales funciones del fiscal en el ámbito de la materia penal con la protección de las personas con discapacidad, en el ámbito civil y penal. La limitación de personal hace que muy pocos tengan la fortuna de dedicarse en exclusividad a esta tarea.

P.- Desde su experiencia de trabajo diaria, ¿cree que la Administración de Justicia es accesible para las personas con discapacidad? ¿O es, más bien, un entorno hostil?

R.- Me gustaría decir lo contrario, pero creo sinceramente que la Administración de Justicia es un entorno bastante complicado para cualquier ciudadano. Así que, lógicamente, si partes de una situación de desventaja el hándicap es doble y las personas con discapacidad se encuentran ante un verdadero muro cuando tienen que recurrir a la Justicia en la condición que sea: bien como testigos, bien como víctimas, en un proceso de capacidad, etc. Es complicado. Primero, porque los procesos, tanto el civil como el penal y los ritos que rigen este tipo de actuaciones, son reglas muy establecidas que utilizan un lenguaje demasiado formalista alejado de los usos de la vida cotidiana. No es un lenguaje normal o habitual.

 

“La Administración de Justicia se presenta como un entorno ciertamente hostil para las personas con discapacidad”

En segundo lugar, se encuentran con unos jueces, fiscales o funcionarios de la Administración de Justicia sin apenas hábito, capacitación o formación para el trato de las personas con discapacidad. Los temarios de oposición son muy limitados en estas materias, por lo que no estamos acostumbrados a conocer cuáles son las manifestaciones de estas personas, cómo se expresan o sus dificultades de comprensión. Entonces, si ya partimos de esas dificultades que nosotros tenemos desde dentro, cuando ellos vienen de fuera, no hay ni empatía, ni confianza hacia nosotros. Por eso, sí que creo que podemos hablar de un entorno ciertamente hostil.

 

Avelina Alia en el Seminario sobre inclusión educativa

P.- ¿Qué cambios sería necesario introducir entonces para adaptar la Administración de Justicia a sus necesidades o a las directrices que marca la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad?

R.- Precisamente hay un artículo en la Convención que se refiere al acceso a las personas con discapacidad y que apunta a esa tarea que tenemos pendiente. Los cambios deben ser abordados de una manera multidisciplinar. Por una parte, en el ámbito formativo. Yo creo que un juez, fiscal o funcionario con una preparación estrictamente técnica o jurídica no tiene las herramientas suficientes para abordar a estas personas. Por lo tanto, se precisa mucha formación y mucha capacitación. Por otro lado, yo creo que podemos hacer algo más, que es incluir dentro de la Administración de Justicia las ciencias auxiliares: peritos, psicólogos o trabajadores sociales que actúen como verdaderos asesores del órgano judicial. Y, en tercer lugar, creo que no todos podemos cumplir con esta función constitucional tan importante si realmente no sentimos la especialidad desde dentro. Creo que no se trata solo de ser jurista, de conocer la ley o de ser buenos profesionales, que los hay como la copa de un pino en mi carrera, sino que además se tiene que tener una especial sensibilidad hacia este colectivo. Y creo que hay gente que puede adquirirla mejor que otra. Por eso, creo que unos fiscales especializados con estos elementos podrían ayudar mucho en este camino.

“Sería necesario, conveniente y ético que todas las personas tuvieran acceso a las mismas oportunidades y servicios en condición de igualdad”

P.- ¿Qué papel juega el entorno de esas personas para lograr alcanzar esa igualdad? Porque ocurre a veces que es el propio entorno quien vulnera esos principios a la hora de otorgar una herencia, gestionar un determinado patrimonio o tomar determinadas decisiones

R.- Al igual que la discapacidad es muy heterogénea, lo es también su entorno. Y ese entorno social, familiar, cultural e, incluso, económico, influye mucho en el desarrollo y evolución de una persona con discapacidad intelectual. Si el entorno familiar, por ejemplo, potencia y confía en aquello que pueden hacer, explorando el máximo desarrollo de sus habilidades, esa actitud ayuda a que esa persona confíe también en sus capacidades. Por el contrario, un entorno demasiado protector o paternalista no favorece. Hay que darles cuerda y dejarles vivir. Luego están aquellos entornos con personas con pocos escrúpulos y moral rasa que se aprovechan de su situación y se producen abusos, no solamente de orden económico, sino también de naturaleza sexual o física. Aquí es donde el Ministerio Fiscal tiene que estar especialmente atento y vigilante. Es importante no desdeñar la influencia del factor económico en el desarrollo y evolución de estas personas, porque hay muchos recursos, muy costosos, que no son accesibles para todos. Sería necesario, conveniente y ético que todas las personas tuvieran acceso a las mismas oportunidades y servicios en condición de igualdad.

P.- Hace un año el Comité Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad dio un toque de atención a España por vulnerar permanente el artículo 24 de la Convención del año 2006, que es de obligado cumplimiento en nuestro país desde el año 2008. Aunque se han ido dando pasos, por ejemplo, con la modificación de la Ley Orgánica que garantiza el derecho al voto, seguimos estando más de 10 años por detrás de lo que marca la Convención en materia de igualdad. ¿A qué cree se debe esto? ¿Tiene España aún una visión paternalista o médica de la discapacidad?

R.- Que vamos con retraso es evidente, aunque, siendo justos, sí se han hecho cosas (el texto refundido del año 2013 de las personas con discapacidad, reformas constantes del proceso penal, el estatuto de la víctima del delito). Sobre lo que nos falta por hacer nos han llamado la atención por ir rezagados, por ejemplo, en el proceso de capacidad jurídica. Se ha postergado demasiado porque es una tarea realmente que ha de hacerse con mucha dedicación y atención. Si no reconocemos la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el resto de los derechos se desdibujan. Ése es un campo que, incluso en el propio seno de la Convención, cuando estaba redactándose el texto, los diversos organismos que estaban involucrados ya tenían sus dificultades y sus diferencias. Entonces, se ha tardado. Pero creo también que se actuó con un poco de precipitación a la hora de ratificar la Convención. Igual hubiera sido bueno poner alguna reserva de nuestro país en aquellos artículos en los que veíamos que estábamos lejos. Pero igual que vemos que es un campo abonado para la discriminación y la marginación, creo que también ahora hay gestos de avance en la propia sociedad, que, creo, no está fatigada de solidaridad. Ahora que tenemos el campo abonado creo que no hay excusas para afrontar las reformas necesarias sin escatimar en recursos económicos.

 

P.- Pero, aunque haya conciencia social. ¿Hay voluntad política real? Porque en campaña no ha habido apenas mención a la discapacidad, ni hay consenso ante determinadas leyes. ¿Están los políticos concienciados de que este sector de la población (aproximadamente 4 millones de personas en toda España) también cuenta?

R.- Yo creo que falta voluntad. Le falta un camino por recorrer a la sociedad y a los políticos que nos representan muy especialmente. ¿A qué se debe? Precisamente a esa concepción paternalista y médica de la discapacidad que está presente en muchos de ellos. Además, hay una cierta tendencia a no considerar a la persona con discapacidad como sujeto al que van dirigidas sus propuestas. Ellos, que son quienes tienen la responsabilidad, deben apoyar en la sensibilización y en la toma de iniciativas para que este proceso progrese y prospere de una manera totalmente imparable.  Es verdad que aún hay rémoras de un pasado en el que el colectivo ha estado siempre excluido, marginado o eliminado de la sociedad. Por eso todos, desde nuestro respectivo ámbito de competencias, tenemos que reclamar a los políticos un papel mucho más activo y unas medidas más proactivas. Porque, al igual que Jesús Vidal en los Goya, en ese discurso inmenso, agradecía a las personas que le habían ayudado a alcanzar sus metas, nosotros tenemos también que agradecer mucho a las personas con discapacidad. Nos enseñan otra forma de ver la vida, otra forma de ser y de actuar con respecto a los demás. Nuestra responsabilidad es darles las oportunidades para que lo muestren.
 

Sensibilización, por un lado, y aborto eugenésico, por otro, “adolece de una contradicción, forrada un poco de hipocresía, y desinformación”

P.- Paralelamente y, como contraste, a pesar de esa conciencia y sensibilidad hacia la discapacidad y de los cambios en la legislación, hay cada vez diagnósticos prenatales más precisos para evitar que esos niños nazcan, en el caso de que se detecte algún tipo de discapacidad. ¿No es un contrasentido?

R.- Sí, lo es. Creo que es una contradicción muy clara y que, incluso, está legislada. Un ejemplo es el aborto eugenésico. Nuestro país tiene un sistema de plazos. Es decir, se permite el aborto de una mujer con unas condiciones y dictámenes médicos en un plazo determinado. Mientras que, en los casos en los que el feto presenta anomalías graves, la ley establece una diferencia clara y discriminatoria y amplía el plazo de las 14 a las 22 semanas. Pero hay más, cuando el feto presenta unas anomalías de las que se dicen “incompatibles con la vida” no habría sujeción a plazo. He aquí el contraste: por un lado hay estos gestos de refuerzo y sensibilización y, por otro, tenemos esta ley. Creo que todo esto adolece de una contradicción, forrada de un poco de hipocresía, pero también de desinformación. Si se informa conociendo a estas personas se podrían dar la vuelta muchas actitudes. Por eso yo reclamo tanto la importancia de la presencia de esos niños en las escuelas, en plena inclusión, porque creo que es la forma de cambiar desde las edades tempranas, en las primeras etapas de la educación, esa mentalidad. De este modo, cuando sean adultos, habrán convivido y habrán visto que la persona con discapacidad no es “lo que le falta” o “la habilidad que no tiene” sino otras muchas cosas que enriquecen, desde luego, a todos los que tienen a su alrededor.

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