I SEMINARIO DE BIOÉTICA Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL
La Fundación Pablo VI ha celebrado este miércoles el primer seminario de trabajo sobre Bioética y Discapacidad Intelectual, para analizar la forma, el fondo y la aplicación futura del Anteproyecto de Ley presentado públicamente el pasado mes de septiembre y que está en fase de audiencia, que afectaría a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual en la línea de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 (que entró en vigor en 2008). Un seminario que nace con vocación de continuidad para profundizar en los problemas éticos que existen en el ámbito de la discapacidad intelectual.
Enmarcado dentro de las actividades del Observatorio de Bioética y Ciencia que coordina José Ramón Amor Pan, en él han participado abogados y juristas especializados en la defensa de las personas con discapacidad intelectual, como la Red de Juristas de Plena Inclusión o la Fundación Aequitas, y asociaciones como Down España, la Fundación a la Par o la Fundación Iberoamericana Down21.
Con este anteproyecto, el Gobierno trata de cumplir con el mandato de adaptar la legislación española a la Convención, que en su artículo 12 obliga a los Estados firmantes a reconocer su capacidad jurídica “en igualdad de condiciones que el resto y con los apoyos que necesite para tomar sus propias decisiones”. Como reconoce el anteproyecto, todas las medidas de apoyo deberán estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad.
Sin duda, este anteproyecto es un gran paso adelante. Pero no está exento de dudas, reticencias y problemas. Sobre la mesa dos preguntas: ¿Está la sociedad preparada para este cambio de paradigma? ¿Lo está nuestro sistema judicial?
El camino por recorrer es largo, dicen los expertos. Se requiere educación para dejar atrás el exceso de paternalismo de la sociedad y, sobre todo, de las familias, “pero es un paso que hay que dar, puesto que la Convención lo exige y España va con 10 años de retraso”. La justicia tiene prácticamente una visión médica de la discapacidad y el modelo que hay es diagnóstico.
Desde la experiencia de los expertos y juristas participantes en el seminario, la administración de justicia resulta un entorno hostil para estas personas a las que muchas veces ni se les informa ni se les explica el proceso del que van a formar parte, ya sea de materia patrimonial, civil o procesal. Y ese esquema mental “va a ser muy difícil cambiar”. Pero es indispensable llegar a ese sistema de colaboración interprofesional o de mesa redonda que propugna y diseña este anteproyecto. Porque es un imperativo moral.
Dotación económica
Por otra parte, este cambio legal debe estar acompañado no sólo de un cambio de mentalidad sino también de un soporte económico. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en este seminario de trabajo es la ausencia de una memoria económica que analice y garantice la indispensable dotación en recursos humanos que supondría la aplicación de estas modificaciones legislativas: sin ella, el documento nace ya “como un papel mojado”, y podría darse el caso de que cuando ésta aparezca, el anteproyecto se eche atrás.
Un debate necesario
En cualquier caso, los expertos reconocen el gran paso que se ha dado con este anteproyecto. “Es importante que la administración de justicia tenga un punto de partida. Ahora se deben procurar los medios para que esta transformación se produzca. Y hacer una importante y eficaz labor de formación para que las leyes se cumplan. No basta con promulgarlas, las leyes por sí solas no cambian la sociedad, ni tienen un valor mágico”.
Participantes en el I Seminario
de Trabajo sobre Bioética y Discapacidad
De izquierda a derecha:
- Dña. Almudena Martorell Cafrang.
Doctora por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Presidenta de la Fundación A la Par (anteriormente Fundación Carmen Pardo Valcarce)
- Dña. Avelina Alía Robles.
Fiscal Decana del Área de Getafe-Leganés. Tribunal Superior de Justicia de Madrid
- D. Ramón Corral Beneyto.
Notario. Delegado en Madrid de la Fundación Aequitas
- D. Torcuato Recover.
Abogado. Coordinador de la Red de Juristas de Plena Inclusión. Asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares
- D. José Ramón Amor Pan.
Doctor en Teología Moral. Coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI
- D. Jesús Avezuela Cárcel.
Doctor en Derecho. Letrado del Consejo de Estado. Director General de la Fundación Pablo VI
- Dña. María José Alonso Parreño.
Doctora en Derecho. Abogada especializada en asuntos relacionados con la defensa de los derechos de personas con discapacidad intelectual. Responsable de la asesoría jurídica de la Fundación Iberoamericana Down21.
- D. Agustín Matía Amor.
Director Gerente de Down España. Ha sido vocal en el Consejo Estatal de ONG´s de Acción Social. Dirige el GT de Atención Temprana del CERMI (Comité Español de Personas con Discapacidad)
- Dña. María Teresa Compte Grau.
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Directora del Máster Universitario en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI
