Asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad intelectual, juristas, padres y profesores se han reunido este martes en la sede de nuestra Fundación en una nueva sesión del Seminario de Trabajo sobre Bioética y Discapacidad. En esta ocasión el tema objeto de debate fue Educación especial e inclusión escolar: ¿complementarias o irreconciliables?
El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad afirma que “los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles”. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas alertó, en un informe hecho público el 29 de mayo de 2018, que “pese a que las estadísticas disponibles indican un porcentaje alto de inclusión educativa de personas con discapacidad, se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad, a través de un modelo médico, que afecta desproporcionadamente y en especial a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple”.
Dicho Comité señalaba que “para lograr de manera práctica la educación inclusiva, es necesaria una transferencia de recursos de los centros educativos especiales hacia el sistema educativo general, permitiendo el acceso del alumnado con discapacidad en condiciones de igualdad con el resto de estudiantes, recordando que la no discriminación incluye el derecho a no ser segregado y a ser proporcionado con ajuste razonable y debe entenderse como el deber de proporcionar ambientes de enseñanza accesibles y ajustes razonable”. Y exigía “finalizar, sin demora y conforme a un calendario preciso, la adecuación normativa a la Convención”.
Desde entonces, la polémica sobre este asunto no ha hecho más que crecer. El informe ha generado una gran inquietud en todos los actores implicados: padres, comunidad educativa, asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad intelectual y centros de educación especial, por la supuesta celeridad con la que, en teoría, sería realizado este cambio. Porque no todos los niños tienen el mismo grado de discapacidad ni la comunidad educativa los conocimientos suficientes para abordarla, ni los centros los mismos recursos para atenderla. Porque temas tan complejos exigen prudencia, rigor y suficiencia económica para llevar adelante las medidas acordadas.
Por eso, los distintos actores afectados, tanto los que abogan por una inclusión escolar plena como los que apuestan por las bondades del modelo de educación especial, han puesto en común -en un ambiente de gran cordialidad y honda capacidad de análisis- sus puntos de vista y sus preocupaciones en el segundo seminario de trabajo organizado por la Fundación Pablo VI y dirigido por el coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia, José Ramón Amor Pan.
Los principios sobre los que asienta el tratamiento actual de la discapacidad intelectual están claros y nadie los niega. Es en su concreción en donde surge el debate. Sobre la mesa cuestiones como:
- Un plan de ruta real con una dotación económica suficiente y un calendario que permita hacer las cosas bien.
- La urgencia de dotar al sistema educativo general de los recursos indispensables para poder ofrecer una inclusión de calidad a todos los niños con necesidades especiales.
- Sacar del debate la carga ideológica y la alarma social intencionada, instrumentalizadas desde opciones políticas partidistas.
- Atender las necesidades particulares y concretas de cada niño, desde sus diferentes capacidades y con los apoyos que necesite.
En este segundo seminario sobre Bioética y Discapacidad Intelectual han participado Cristina Gerechter, directora general del Centro de Educación Especial María Corredentora; Agustín Matía, gerente de Down España; Amalia Sanromán, de Plena Inclusión España; María José Alonso Parreño, abogada experta en asuntos de discapacidad y ex Presidenta de Aleph-Tea; Torcuato Recover, coordinador de la Red de Juristas de Plena Inclusión; Ramón Corral, Delegado en Madrid de la Fundación Aequitas; Avelina Alía Robles, Fiscal Decana del Área de Getafe-Leganés del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Álvaro Villanueva, Presidente de la Fundación Luchadores AVA; Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI; María Teresa Compte, directora del Máster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca-Fundación Pablo VI.
