El caso de Alfie Evans, un bebé inglés que padecía una enfermedad neurodegenerativa progresiva y que estaba siendo tratado en el Alder Hey Hospital, desde noviembre de 2016, vuelve a replantearnos el difícil dilema sobre cómo debe actuarse (y cuál es la mejor solución) ante diagnósticos como el de este pequeño que ha terminado con su fatal desenlace.
Este caso no es aislado y recurrentemente los hospitales se enfrentan ante la difícil circunstancia de tener que tomar una decisión que, en la mayoría de las ocasiones, y si me lo permiten, les diré que, por fortuna, se termina adoptando por médicos y con la anuencia de familiares en la intimidad de la habitación del centro hospitalario. Desgraciadamente la judicialización de estas situaciones termina muchas veces, y más en la actual sociedad, en un criadero de clamores que, aun cuando emocionalmente puedan justificarse, precisamente, adolecen muy poco de lo que más se necesita en esos momentos como es la prudencia, la cordura y el juicio más técnico posible que provea al paciente y a los familiares de la solución menos pésima y más humana y digna posible.
Por eso, tener que recurrir al juez no es ya un buen dato de partida, más bien es la peor de las soluciones, pero, ante la falta de acuerdo entre los profesionales sanitarios y los familiares, se deja en la mesa de los jueces una decisión que deberíamos respetar. Al igual que en un caso muy similar acaecido justo ahora hace un año, también en Inglaterra, y protagonizado por un bebé de diez meses, Charlie Gard, las diversas instancias judiciales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo (en el caso de Evans, resolución núm. 18770/18 que, el 23 de abril, inadmitió el recurso), han coincidido que las evaluaciones llevadas a cabo por los expertos preveían con toda probabilidad que mantener conectado al bebé sin perspectiva de éxito, no ofrece ninguna ventaja y, quizás, no haga más que causarle graves dolores que atentan los más básicos principios de la dignidad humana. Por ello, tanto el Tribunal de Apelación, en su resolución de 16 de abril de 2018, como previamente el juez Hayden, en su resolución de 11 de abril de 2018, habían considerado en este sentido legal que fuera retirada la ventilación artificial y que, en el mejor interés de Alfie, el tratamiento posterior y los cuidados paliativos se realizasen en el hospital Alder Hey.
Quizás la historia podría haber transcurrido con otro guion, pero la cuestión es suficientemente compleja y enjundiosa desde muy diversos aspectos económicos, ético-religiosos y científicos, debiendo contribuir a ser constructivos en este tipo de debates, como muy probablemente lo ha intentado ser, con sus limitaciones y sin entrar ahora en otras consideraciones, el juez Hayden quien, por si alguien no leyó la sentencia de más de una veintena de folios, tuvo en consideración todos esos aspectos incluidas las creencias de los padres: «Soy muy consciente de que ambos padres son católicos[…] y su fe juega un papel muy importante en sus vidas y sostiene a ambos en este tan difícil momento […]. Es importante que estas creencias sean consideradas dentro del amplio espectro de relevantes factores a los que he aludido» (parágrafo 51 de la sentencia). En fin, no queramos cada uno de nosotros reescribir las resoluciones judiciales o los diagnósticos médicos y apostemos por soluciones de entendimiento y de encuentro ante situaciones que, como la de Alfie Evans, no son especialmente fáciles para nadie.
Jesús Avezuela Cárcel
Letrado del Consejo de Estado. Abogado y
director general de la Fundación Pablo VI
(Publicado en Alfa y Omega Nº 1071 – 03-05-2018)
